Bárbara Pesce-Monteiro
Representante residente del PNUD en Cuba
20 de marzo de 2013
Es necesario analizar con cuidado los indicadores que utiliza el PNUD para elaborar el Índice de Desarrollo Humano
En los últimos días, la reciente edición del Informe de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido bastante comentada. La razón es que dos países de la región ocupan mejores posiciones que nosotros en su ránking, a pesar de que su situación es objeto de frecuentes críticas. Estamos hablando de Cuba y Venezuela, que ocupan los puestos 59 y 71 de 187 países respectivamente (mientras que el Perú ocupa el puesto 77).
Vale la pena entender cómo así estos países tienen una mejor calificación que el nuestro (o que otras naciones, como Brasil, Costa Rica o Panamá). A fin de cuentas, una lectura superficial de los resultados del IDH podría llevar a alguien a pensar que seguir el camino cubano o el venezolano sería aconsejable.
Medir qué tan desarrollado es un país es, sin duda, una cosa complicada. Una de las mediciones más utilizadas es el producto bruto interno per cápita; no obstante, es cierto que dicho indicador solo tiene en cuenta una variable monetaria para evaluar la calidad de vida. Por esta razón, diversas instituciones han emprendido la tarea de construir indicadores que ayuden a entender el desarrollo desde una perspectiva más holística.
Ese es el caso del IDH. Este (al menos para su última edición) parte de un índice construido sobre la base de cuatro variables: expectativa de vida al nacer, años promedio de escolaridad, años esperados de escolaridad y el producto nacional bruto per cápita ajustado por paridad de compra.
Pero el IDH tiene un problema: asume arbitrariamente que estas son las variables más importantes para medir el desarrollo humano. ¿Por qué no tener en cuenta también algún indicador de la calidad de la salud de las personas? Por ejemplo, la tasa de desnutrición infantil, la de tuberculosis o el nivel de consumo calórico de la población. ¿O por qué escoger dichas variables sobre, digamos, otros indicadores de la calidad de vida de un país, como la tasa de criminalidad, el respeto a las libertades civiles, el nivel del cuidado del medio ambiente o el nivel de corrupción?
La medida monetaria que utiliza el IDH en su análisis, por otro lado, también es arbitraria. En vez de utilizar el producto bruto interno incorpora en su cálculo solo la producción de los nacionales. ¿Y toda la producción de las mineras extranjeras, por ejemplo, que contribuye a pagar salarios o a llenar las arcas del Estado para poder financiar los programas sociales?
Así, no es de extrañar que un procedimiento de medición arbitrario arroje resultados igualmente arbitrarios. El desarrollo humano en Cuba, por ejemplo, se coloca como superior al peruano a pesar de que en dicho país todos los ciudadanos son igualmente pobres y tienen un salario mensual promedio de 25 dólares (inferior al nuestro). Y no se tiene en cuenta que hace más de medio siglo la dinastía Castro es dueña y señora de las vidas de los cubanos. Fidel y Raúl deciden qué comen, qué visten y a qué se dedican los ciudadanos de la isla, quienes además solo recientemente tienen un limitado “permiso” para comprar y vender cosas o salir del país. Asimismo, los dictadores intentan decidir por el pueblo qué pensar, pues no existe libertad de prensa y opinión. Y cualquier disidencia es sancionada de manera violenta. ¿Se puede decir que este país esclavizado goza sin duda de más alto desarrollo humano que el Perú?
Algo similar sucede con Venezuela. Según Transparencia Internacional, se trata del décimo país más corrupto del mundo. Tiene, además, una de las tasas de asesinatos más altas del planeta. Su gobierno es calificado por una importante cantidad de organizaciones especializadas como un gran violador de derechos humanos. El Estado, asimismo, ha llevado a sus ciudadanos a tener la segunda inflación más alta del mundo, lo que ha destruido sus ahorros, salarios y reducido sus posibilidades de tener una vida digna.
Como decíamos al inicio, medir el nivel de desarrollo de un país es una tarea complicada. Pero mediciones como las del PNUD pueden ser engañosas. Si ella fuese acertada, habría una gran cantidad de peruanos haciendo cola en embajadas como la de Cuba para tramitar su residencia. Y eso, afortunadamente, está lejos de suceder.
El daltonismo de la ONU con Cuba
Alberto Méndez Castelló
6 de julio de 2012
Los secuestros están por comenzar. Paradójicamente, el 26 de julio, día que llaman “de la Rebeldía Nacional”, quienes en esta isla exigimos los derechos del hombre y de los ciudadanos somos encerrados en calabozos, secuestrados, llevados a apartados lugares o sencillamente desterrados en nuestras propias casas.
Según el Código Penal, las sanciones pueden ser principales y accesorias. Las primeras incluyen muerte, privación de libertad, trabajo correccional con internamiento o sin internamiento, limitación de libertad, multa y amonestación.
El artículo 42.1 de ese código prevé el destierro como sanción accesoria, que consiste en la prohibición de residir en un lugar determinado o la obligación de permanecer en una localidad especifica.
Si se siguiera el debido proceso, debía ser un tribunal quien, mediante fallo judicial, se pronunciara impidiendo a alguien salir de su casa o de la localidad de residencia. Pero eso es en otros lugares del mundo. En Cuba la sanción de destierro se aplica de manera diferente.
Digamos que si para el 26 de julio la policía política quiere mantener encerrado a alguien ahorrándose la mala propaganda de un calabozo, días antes esparce una bandada de soplones por los alrededores de la vivienda del futuro cautivo para que las víctimas se sientan vigiladas.
Llegado el momento, un oficial de la policía política con autoridad del juez se presenta en casa del vigilado y le dice: “Tal y mas cual días usted no puede salir de su casa”.
Un carro patrullero -o dos- y varios policías, con su bandada de chivatos, cercan la casa del elegido, transformando a un hombre o a una mujer junto a toda su familia en cautivos en su propia casa, sin que para ello haya mediado mandamiento judicial alguno.
En cualquier nación civilizada la misión del Estado respecto a los derechos civiles es la de reconocerlos y velar por su cumplimiento contra la agresión de particulares o de las autoridades mismas.
En Cuba, la misión del Estado parece estar dirigida a perseguir, acosar y por todos los medios aniquilar física y sicológicamente a quienes practicamos estos derechos.
Son derechos civiles los que corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, y la seguridad personal, la libertad y la propiedad son primordiales.
Y son derechos políticos el electoral o de sufragio, el de emisión y publicación del pensamiento, consagrados mediante la libertad de palabra de imprenta y de reunión.
Los actos firmados por las Naciones Unidas concretan la letra y el espíritu de estos derechos que, en Cuba, no son ejercitados por el pueblo sino administrados por el Gobierno.
Pero cuando de mirar a Cuba se trata, las Naciones Unidas- y en especial sus organizaciones- tal parece que lo hicieran con mirada daltoniana.
Pues bien, la representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba, Bárbara Pesce-Monteiro elogió este martes la Actualización del Modelo Económico Cubano, en el VIII Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoria y Finanzas, que sesionó hasta el miércoles en La Habana.
Según Pesce-Monteiro, el sistema de Naciones Unidas acompañará a Cuba en sus prioridades nacionales que permitan garantizar la calidad y sostenibilidad de los objetivos del milenio, promoviendo iniciativas de desarrollo dentro de esta visión de sostenibilidad y equidad propuestas en la cumbre de Río de Janeiro.
¡¿Visión de sostenibilidad y equidad, señora mía?!
Sabido es: la tierra y sus aguas, mares y ríos son los más preciados recursos de cualquier nación.
Antes, durante y con posterioridad a la festividad oficial por el 26 de julio, decenas de mujeres y hombres seremos llevados a los calabozos secuestrados, a lugares apartados o desterrados en nuestras casas por ejercitar nuestros derechos civiles y políticos en Cuba.
Esta es otra oportunidad perfecta: ya que el Gobierno de Cuba no permite a las organizaciones especializadas de la ONU supervisar la situación de los derechos humanos en la isla, bastaría a los funcionarios del sistema de Naciones Unidas residentes en Cuba hacernos un par de preguntas a los perseguidos por defender los Derechos Universales:
- ¿Pueden ustedes solicitar tierras ociosas al gobierno y organizar cooperativas agrícolas?
- ¿Pueden ustedes poseer embarcaciones y organizar cooperativas pesqueras?
El listado de los encarcelados secuestrados y desterrados pueden conseguirlo los funcionarios de la ONU con el señor Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La respuesta de si el Gobierno cubano es merecedor de elogios o de condena deben obtenerla los funcionarios de la ONU por sí mismos.
¡Adelante! ¡Basta de hipocresía!