LAS INVERSIONES EN CUBA Y EL AMOR AL DINERO

En la Cuba castrista no existe una legislación de protección laboral como la que caracteriza a la mayoría de los países de América

¡A correr, que vienen los Fanjul!

 

La unión de los Fanjul con los Castro

será una combinación altamente letal

 

Alfonso Fanjul

es una figura prominente del Cuba Study Group

Esclavos en el paraíso

El Reino de Dios en los bateyes dominicanos

Los amigos de los Borbones tienen esclavos

J. M. Martín Medem

10 de diciembre de 2012

 

Los Vicini (italianos) y los Fanjul (españoles) imponen la esclavitud a los macheteros haitianos para enriquecerse con el negocio del azúcar en la República Dominicana.


En torno al día mundial de los derechos humanos, no
podemos olvidarnos del capitalismo salvaje ni de los amigos de los depredadores.

 

Ignorancia, estupidez o cultura de la impunidad. “Somos amigos íntimos”, le reconoce la reina Sofía a Christopher Hartley cuando el misionero español le enseña las fotos de la esclavitud en las plantaciones dominicanas de los Fanjul. Y añade: “Nos quedamos en su casa cuando vamos a Miami”. “Esclavos en el paraíso es el libro de Jesús García, publicado en España en noviembre, que cuenta la tremenda experiencia de Hartley al descubrir la explotación de los cortadores de caña haitianos en las haciendas de los Fanjul y de los Vicini, dos de las familias más poderosas de la República Dominicana.

 

El sacerdote lo denunció durante una visita del presidente Leonel Fernández a las propiedades de los Vicini: “Está usted en la antesala del infierno. Tan inmensos como estos cañaverales son las miserias, los sufrimientos y el abandono  de las gentes que deambulan cada día rebuscando un miserable pedazo de pan. ¿Por qué nos han abandonado en manos del capitalismo más salvaje y cruel?”.

 

Los esclavos sostienen el lujo del paraíso

 

“Los que me conocen -dice Hartley- saben que soy más carca que el Concilio de Trento”. Pero cuando llegó a la República Dominicana en 1997 se encontró con miles de haitianos, acarreados ilegalmente desde su país, obligados a cortar caña durante doce horas diarias, a cuarenta grados, por dos euros, sin contrato ni jubilación, sin atención sanitaria y hacinados en miserables poblaciones donde no hay ni agua ni electricidad ni escuelas.

 

Niños de nueve años recogen la caña cortada por sus hermanos adolescentes. Niñas secuestradas son utilizadas para la prostitución infantil.

 

Esta esclavitud del siglo XXI es el origen de las fortunas de los Fanjul y de lo Vicini que nunca habían sido cuestionados hasta que reventó la indignación del sacerdote español. Sus denuncias amenazan a la sacarocracia en lo que más les duele: la explotación laboral y el trabajo de los menores violan las condiciones de los acuerdos comerciales para la exportación del azúcar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Los Vicini perdieron en los tribunales de Estados Unidos una demanda por difamación contra el documental “El precio del azúcar, elaborado por Bill Haney con el testimonio de Christopher Hartley.

 

Muy cerca de la esclavitud de las plantaciones, los Fanjul alojan a los presidentes de Estados Unidos, a los reyes de España y al millonario mexicano Carlos Slim, el gran amigo de Felipe González, en su exclusiva reserva para privilegiados Casa de Campo, donde el alquiler de una residencia cuesta mil euros por día. Los esclavos sostienen el lujo del paraíso.

 

“Obligados a cortar caña durante doce horas por dos euros y hacinados en miserables poblaciones sin agua ni electricidad ni asistencia sanitaria”

 

Expulsado bajo amenaza de muerte

 

La repercusión internacional de las denuncias de Hartley provocó una agresiva reacción de los amos de la industria del dulce. El misionero comenzó a recibir amenazas de muerte: “Cualquier día encontrarán tu cuerpo en uno de esos caminos de barro que recorres”. Y tuvo que irse en el 2006. Lo ha contado el dominicano Carlos Agramonte, en su novela “El sacerdoteinglés, editada por el propio autor y retirada de las librerías como consecuencia de la presión de los poderosos Vicini. También fue amenazado y un militar amigo le recomendó que se fuera porque su vida estaba en peligro.

 

Los Vicini son de origen italiano y los Fanjul son los descendientes de dos familias españolas que emigraron a Cuba y se enriquecieron con el negocio del azúcar, aplicando los mismos procedimientos que ahora imponen en la República Dominicana. Huyeron a Miami cuando Fidel Castro entró en La Habana y en Estados Unidos reconstruyeron su imperio. Esclavizaron a macheteros procedentes de Jamaica hasta que fueron denunciados por Marie Brenner en Vanity Fair y trasladaron una parte de sus negocios a la República Dominicana. Muy amigos de los Clinton, los Fanjul conservan sus privilegios en Estados Unidos, dónde reciben millonarias subvenciones y consiguieron sepultar la película “Sugarland” con la que Jodie Foster y Robert de Niro adaptaron al cine el reportaje de Vanity Fair.

 

El historiador dominicano Esteban Rosario explica en su libro “El Grupo Vicini, el verdadero poder” que la familia controla los sectores más importantes de la economía nacional y que  formaron parte de la conspiración contra el presidente Juan Bosch que en 1963 prohibió el latifundio y les obligó a pagar impuestos. El conflicto concluyó con la invasión estadounidense.

 

The Price of Sugar Movie Trailer

Christian Pablo, 71 años, la mitad de ellos cortando caña para la empresa de los Fanjul… Pero a los administrativos de la empresa se les olvidó registrarle y hoy no cobra pensión… Christian padece una trombosis que le tiene paralizado medio cuerpo. Se la diagnosticó el médico de la empresa el verano pasado. Desde entonces nadie le ha vuelto a ver”.

El rey del azúcar amarga

Juan Carlos de la Cal. La Romana (República Dominicana)

18 de febrero de 2007

 

El hombre de la izquierda es uno de los 30.000 empleados del de la derecha, el rey del azúcar con pasaporte español al que otro cura patrio denuncia públicamente por el maltrato a sus trabajadores y cuya vida protagonizará Robert de Niro en una película

 

Manuel Rionda Polledo tenía 16 años cuando, en 1870, decidió coger aquel barco que una vez al mes salía del muelle de Gijón cargado de mercancías y nuevos emigrantes con destino a Cuba. Atrás dejaba su pequeño pueblo asturiano, Noreña, y una familia que había depositado en él su futuro y sus ahorros. El joven no les defraudó. Dos décadas después, la Bolsa de Nueva York le bautizó como el Rey del azúcar.

 

Contemporáneamente, del pueblo burgalés de Cadagua, otro joven, Andrés Gómez Mena, salía en busca de su futuro como indiano. Cuando murió, en 1917, fue enterrado en La Habana tras haber dado nombre a una de las principales avenidas de la ciudad y levantado cuatro ingenios azucareros. Su hijo José continuó el imperio y en 1936 se convirtió en el Secretario de Agricultura de Cuba y presidente de la Asociación Nacional de Hacendados, el lobby más importante de la isla

 

La heredera de la fortuna familiar fue su hija Lilian Gómez Mena que, en 1936, se casó con Alfonso Fanjul -sobrino-nieto de Manuel Rionda- creando así el más grande consorcio azucarero que nunca tuvo Cuba.

 

Hoy, el resultado de está aventura a través de tres siglos y cuatro países tiene el nombre del hijo mayor del matrimonio, Alfonso Fanjul Gómez de Mena, el hombre que suministra dos de cada tres cucharadas de azúcar que se toman en EEUU, multimillonario de pasaporte español y acusado reiteradamente de explotar a los cortadores de caña.

 

Los hermanos Fanjul vivieron como príncipes en su juventud. Crecieron en el exclusivo y cerrado círculo creado en La Habana por la aristocracia criolla. La mansión donde vivían -con balcones neoclásicos, habitaciones estilo Luis XV, estatuas de Sèvres, kioskos chinos, cuadros de Sorolla- es hoy el Museo Nacional de Artes Decorativas tras su expropiación por los castristas.

 

Era la época en la que los Fanjul-Gómez de Mena ofrecían fiestas en honor de los duques de Windsor, jugaban al golf con Loel Guiness o navegaban con Errol Flynn en alguno de sus yates. Un mundo de glamour caribeño hasta que llegó Fidel...

 

Cuando en 1959 los barbudos guerrilleros entraron en la mansión de los Fanjul, Alfy tenía 23 años y se acababa de graduar por la Universidad de Fordham, en Nueva York. Los castristas sentaron a una mesa a toda la familia, guardaron las armas debajo y extendieron sobre ella los mapas con las propiedades de la familia. «Esto será nuestro. ¡Todo!», les comentó el jefe del comando. No hubo nada que negociar.

 

El patriarca de los Fanjul fue interrogado durante horas hasta que una guerrillera entró en la habitación y dijo señalándole: «Relajaros. Él no tiene ninguna relación con el tirano». Después les dejaron irse con lo puesto en sus coches. Aquel mismo verano, los Fanjul salieron hacia el exilio norteamericano con la esperanza de regresar en poco tiempo. Todavía esperan...

 

Se instalaron en Nueva York. La familia empezaba de nuevo pero no de cero. «Tenéis el deber de reconstruir nuestro imperio, pero ser conscientes de que el dinero sólo llegará en la próxima generación», les recordaba continuamente el patriarca que nunca más pisaría la tierra que le vio nacer. Y Alfy se quedó como encargado de esa misión.

 

En Florida encontraron todo lo que necesitaban para seguir con sus negocios azucareros. Compraron cientos de hectáreas de humedales en los alrededores de Miami, los desecaron y plantaron caña de azúcar. La primera zafra la obtuvieron dos años después. Y hoy los Fanjul ya controlan el 40% de la producción de azúcar en Florida donde poseen 728 kilómetros cuadrados de cañaverales a nombre de la empresa Florida Crystals. Su patrimonio supera los 1.000 millones de dólares. Alfy vive en una inmensa mansión de la exclusiva zona de West Palm Beach, valorada en 15 millones de dólares y que en su día construyó la familia alemana Krupp.

 

A mediados de los ochenta los Fanjul se extendieron a la República Dominicana, el lugar más parecido a su añorada Cuba, al comprar el ingenio azucarero -el Central Romana- que la multinacional norteamericana Gulf & Western tenía en la ciudad de La Romana -100.000 habitantes-, al este de la isla.

 

La operación costó a los Fanjul 240 millones de dólares e incluía, además del ingenio -el mayor del mundo con una producción de 300.000 toneladas de azúcar al año, y da trabajo a unas 25.000 personas- 971 kilómetros cuadrados de cañaverales y los 28 incluidos en Casa de Campo, uno de los 10 complejos residenciales más lujosos del mundo donde vivía el excéntrico fundador de la Gulf & Western, Charles Bluhdorn.

 

La Romana huele a feria de pueblo y sabe a ciudad de provincias. El olor a melaza quemada te invade nada más bajarte del coche. El humo que sale de las chimeneas del ingenio lo envuelve todo. Es allí donde la amargura de los cortadores de caña negros se transforma en el dulce blanco del desayuno. Pero su sudor no tiene color. Ni sus vidas. Ni su futuro, disuelto como el azúcar...

 

La planta de procesamiento se levanta frente al océano. Es imposible verlo desde la ciudad. En los cañaverales dominicanos, como antes en Cuba y después en Miami, viven y trabajan más de 20.000 inmigrantes haitianos. Mejor dicho: trabajan sí, 12 horas diarias cortando caña a temperaturas que llegan a los 40 grados por menos de dos euros diarios. Pero lo que es vivir... Más bien sobreviven en cabañas sin agua, luz o baño, sin médicos ni escuelas. Con miedo, odio y resignación

 

LUJO

 

El río Dulce los separa de otra realidad, otro mundo, otro planeta. Sólo hay que cruzar los 100 metros que tiene el puente que lo cruza para acceder al paraíso del hedonismo, con sus campos de golf, piscinas, jardines de ensueño, playas privadas y un millar de mansiones de las más selectas del mundo. Y, como los cañaverales, levantado sobre la tierra de los Fanjul.

 

Casa de Campo parece un país distinto que nada tiene que ver con los males ancestrales de la República Dominicana. No comparte ningún servicio con el resto de la ciudad. Toda la oligarquía del país -incluidos altos mandos militares y policiales, la mayoría de los candidatos a las elecciones presidenciales del año que viene, etc.- y un sin fin de artistas, políticos y deportistas extranjeros tienen allí una casa o se alquilan una a un precio medio de 1.000 euros diarios.

 

Allí han estado de vacaciones o en reuniones todos los presidentes norteamericanos, desde Reagan a Bush. Los reyes de España, amigos personales de los Fanjul -según reconoció a CRONICA el portavoz de Central Romana, Francisco Micheli- y otros miembros de la familia real suelen acudir allí a alguna celebración, a menos de media hora de la cruda vida de los bateyes.

 

Los Fanjul tienen pasaporte español, además del norteamericano. Presumen de ello. Julio Iglesias tuvo casa allí antes de mudarse a Punta Cana y el diseñador Oscar de la Renta, también. Otros nombres con casa propia son los millonarios Gustavo Cisneros y Carlos Slim.

 

El contraste de este tipo de vida con la de los cortadores de caña es brutal. Duele cuando lo ves desde fuera. Y debe hacer mucho daño cuando lo vives como protagonista. Más de un lado que del otro, claro. Y si no, que se lo digan a Christian Pablo, 71 años, la mitad de ellos cortando caña para la empresa de los Fanjul. Le encontramos inmovilizado sobre su cama en su cabaña del batey -palabra con el que los indios taínos, llamaban a sus comunidades y que hoy sirve para denominar los poblados donde viven los cortadores de caña- Santa Lucía, a poco menos de una hora de la ciudad. El lugar no es propiedad directa de Central Romana pero sus moradores sí trabajan para ellos.

 

Christian padece una trombosis que le tiene paralizado medio cuerpo. Se la diagnosticó el médico de la empresa el verano pasado. Desde entonces nadie le ha vuelto a ver. Sabe que nació en Haití de donde le trajeron para una zafra y nunca más volvió. No lee ni escribe. Ni en creole ni en español. Pero entiende los dos idiomas. Durante décadas hacía una X en la planilla semanal que la CR le entregaba para registrar la cantidad de caña cortada y lo que le pagaban por cada tonelada. Siempre se conformó con lo que le daban.

 

Pero a los administrativos de la empresa se les olvidó registrarle y hoy no cobra pensión. Su mujer murió y su único hijo está en la cárcel. Vive de la caridad de sus míseros vecinos y de los cuidados que su amiga Ana Liria le propina cuando puede. Su resurrección será la muerte. Porque el hombre parece un Cristo yacente, una imagen de Viernes Santo de esas que dan la razón al misionero español Cristopher Hartley Sartorius cuando dice «que todos los días matan a Cristo en los bateyes».

 

MISIONERO

 

El padre Hartley, sobrino del fundador del Partido Comunista Nicolás Sartorius, vivió ocho años entre estos cañaverales denunciando el abandono de sus moradores. Gracias a él, el mundo supo que en la isla caribeña se explota a los trabajadores de la misma forma que se hacía en los cinco siglos anteriores, cuando Colón, en su segundo viaje, llevó las primeras matas de cañas desde Canarias.

 

Él trajo a los congresistas norteamericanos -por algo estuvo trabajando como misionero en el Bronx neoyorquino-, a los embajadores de EEUU y España, al propio presidente del país, Leonel Fernández, al que se atrevió a decirle que se disponía a entrar «en la antesala del infierno». Sus días quedaron contados cuando empezó a utilizar a la prensa extranjera -sobre todo la publicación hace cuatro años, de un reportaje en CRONICA - para atacar a las dos principales familias azucareras de la isla: los Fanjul y los Vicini. De hecho, el año pasado fue «invitado» a abandonar el país y ahora vive temporalmente en España.

 

«Este es el día a día en los bateyes: centenares de braceros ancianos, que trabajaron cortando caña durante décadas para CR, que supuestamente cotizaba para su retiro, hoy, por falta de documentación y de una política institucional que canalice sus pensiones, viven de la caridad o porque el ingenio no pagó por él», asegura Hartley.

 

Al padre Hartley le dolieron especialmente las declaraciones de Alfy Fanjul a la revista Hola -abril de 2006- donde el dueño de Central Romana aseguraba: «Quiero que la gente que trabaja conmigo esté a gusto y que gane dinero. Y que digan: "¡Con Fanjul he ganado plata!". Hoy me siento responsable del sustento de las 30.000 personas que trabajan en nuestras empresas». O aquellas, en Vanity Fair, donde decía no tener problemas de conciencia por las condiciones en las que trabajan los cortadores de caña «porque doy una oportunidad a esa gente para vivir mejor que en sus países de origen».

 

O la respuesta del portavoz de Central Romana al cuestionario de CRONICA en la que afirma que: «Tenemos unidades médicas móviles que visitan todas nuestras comunidades ofreciendo atención médica gratis. Mantenemos una constante preocupación por la superación de la calidad de vida de nuestros trabajadores. Por algo, el Central Romana fue reconocido por la XII Cumbre Iberoamericana como una gerencia modelo que ha hecho grandes contribuciones al desarrollo económico y social de la R. Dominicana...».

 

Hartley se encoge de hombros. «Pues si esto es un modelo, cómo será el infierno...», asegura mientras contempla las miles de fotos de los bateyes que guarda en su ordenador donde hay de todo menos «calidad de vida». Aprovecha para rescatar un estudio realizado por el Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones, CDAI, donde se asegura que el 32% de estas comunidades no tiene agua potable; el 66% no cuenta ni siquiera con letrinas; el 16% no recibe ninguna asistencia médica y la tercera parte no ofrece escuela.

 

El trabajo es a destajo. CR paga a los picadores 95 pesos -poco más de dos euros- por cada tonelada de caña cortada. En el mejor de los casos, un hombre joven y sano puede cortar cuatro diarias. Y de lo que reciben todavía sufren descuentos.

 

«Por el seguro de un médico que no tienen. Por la luz y el agua que no les dan. Por el machete, las botas y los guantes que tienen que comprar en los colmados de la empresa. Por el azúcar que tienen que pagar tras 10 horas cortando caña. Y sin papeles ni contratos. Esta gente no firma nada. Su único sistema de supervivencia es aguantar y no tener un accidente. Porque si no trabajan no comen», asegura Noemí Méndez, abogada de CDAI.

 

Si la situación de los viejos es agónica, la de los niños de los bateyes dominicanos no es mucho mejor. El problema de la falta de identidad también se ceba en ellos. «La R. Dominicana no otorga la nacionalidad a los hijos de los haitianos nacidos en su territorio, en contra de lo establecido por la Constitución del país y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», afirma Sonia Pierre, militante pro Derechos Humanos, galardonada con el premio Robert Kennedy.

 

POLÍTICA

 

Los hermanos Fanjul llegaron a Estados Unidos con la lección bien aprendida. «Decidimos involucrarnos en la política de aquí porque no quisimos que nos ocurriera lo que en Cuba donde al no interferir en la política de Batista nos fue muy mal», reconoció el propio Alfy en una entrevista concedida hace unos años a Vanity Fair.

 

Por instinto de supervivencia apoyan con grandes cantidades de dinero a los principales candidatos de los dos partidos: Alfy a los demócratas y Pepe a los republicanos. Entre ambos, según el Center for Responsive Politics, han donado unos tres millones de dólares en la última década.

 

Tras la victoria de Clinton, en 1992, Alfy se convirtió en miembro del selecto grupo invitado por el presidente en su rancho de Little Rock, una especie de bodeguilla a lo bestia. Pero el apellido Fanjul -hasta entonces sólo conocido en Florida y en los círculos políticos de Washington- se hizo realmente famoso a raíz de la relación del presidente con Mónica Lewinsky.

 

El fiscal Starr relató en su informe cómo el 19 de febrero de 1996 «estando encerrado el presidente en su despacho con la señorita Lewinsky recibió una llamada de un cultivador de azúcar de Florida que, según la mujer, se llamaba algo así como "Mr. Fanuli"...». La prensa norteamericana se dio cuenta entonces del poder de un hombre que era capaz de interrumpir al presidente del país más poderoso del mundo en los momentos más íntimos de su relación con la becaria.

 

En 2000, año en el que Bush ganó sus primeras elecciones -precisamente con los cuestionados votos de Florida-, la familia apoyó más a la candidatura republicana. Al lobby cubano de Miami no le gustó la decisión de Clinton de devolver al niño Elián González a su padre en la isla y los propios Fanjul prestaron sus abogados para que el crío permaneciese en EEUU. También chocaron con los demócratas por la ecotasa que les impuso Al Gore para limpiar los pantanos de Florida que habían contaminado con su actividad azucarera. La familia paga 4,5 millones de dólares anuales por esta causa.

 

Bush también ha devuelto con creces estos favores. En 2002 confirmó la continuidad de las subvenciones que reciben los cultivadores del azúcar con el objetivo de ahogar económicamente las exportaciones cubanas. En concreto, los Fanjul reciben del Gobierno 65 millones de dólares al año.

 

Para mantener el nivel de producción en sus cañaverales de Florida, los Fanjul emplearon a miles de inmigrantes jamaicanos que traían ex profeso para trabajar en ellos en condiciones muy precarias. Periódicos como New Times acusaron a su empresa, Florida Crystals, del trato de «semi esclavos» con el que les mantenían. El escándalo saltó cuando, en noviembre de 1986, medio millar de jamaicanos de un asentamiento conocido como Vietnam hicieron una huelga para protestar por este maltrato. Poco después, en represalia, la policía les metió a punta de fusil en autobuses y los deportó.

 

Sindicatos, abogados y varias organizaciones se echaron encima de la familia. Los pleitos se sucedieron y los Fanjul acabaron por mecanizar las plantaciones. Sin embargo, hace cinco años un reportaje escrito en la revista Vanity Fair, firmado por Marie Brenner, volvió a poner de actualidad estos maltratos. El apellido Fanjul no salió bien parado.

 

El artículo tuvo tanto éxito que años después fue reconvertido en un guión cinematográfico por la actriz y ahora directora Jodie Foster, que vendió los derechos a la productora de Robert de Niro, Tribeca Films. La propia Foster encarnará a la abogada defensora de los jamaicanos -en la realidad este papel le corresponde a un hombre, el abogado Edward Tuddenham-, mientras que de Niro encarnará a Alfonso Fanjul.

 

El título de la película será Sugarland y será distribuida por los estudios Universal. Actualmente se encuentra en fase de pre producción y se espera que el rodaje comience antes del verano. El estreno está previsto para el año que viene si la presión de la familia Fanjul para evitarlo no prospera.

 

Con película o sin ella hoy los viejitos de los bateyes seguirán viviendo de la caridad de sus míseros vecinos mientras en Casa de Campo se prepara la próxima fiesta. Y el padre Christopher ya no está con ellos...

 

Con información de Patricia del Gallo.

Marinas para yates de hasta 150 m de eslora, casas y servicios de lujo financiados por el régimen castrista se contraponen con los salarios de veinte dólares al mes para los cubanos. Véase la miseria imperante en Cuba.

Cuba Is Open For Business

That Might Land You in Jail

04/29/2014

Un canto de sirenas

Ernesto Gutiérrez Tamargo

11 de junio de 2014

 

Con la nueva Ley de Inversión Extranjera el castrismo pretende crear un capitalismo de Estado cerrado a los nacionales. La moneda y el pasaporte seguirán definiendo a la persona y al empresario

 

La nueva Ley de Inversión Extranjera en Cuba, aprobada y publicada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 29 de Marzo de 2014, que entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, y que sustituye la anterior Ley 77/1995 de igual denominación, intenta cambiarlo todo —aparentemente— para que, en el fondo, nada cambie o todo siga igual. Vuelve a fomentar un apartheid discriminatorio entre los inversores extranjeros, premiados y privilegiados, en detrimento y exclusión de los inversores nacionales de la Isla, preteridos y estigmatizados del nuevo marco empresarial. Y algo que no escapa a navegantes curtidos en aguas del estrecho de la Florida: la Ley es un canto de sirenas a los inversores cubanoamericanos, o cubanos residentes en el exterior, para que no pierdan el tren oportunista de una apertura que les posicionaría, estratégicamente, como inversores en su país de origen para que todo quede bien atado, cuando todo cambie.

 

Ante una posible —y ya notoria— debacle del subsidio venezolano de hidrocarburos a la Isla, que de momento se garantiza pero que no será perenne si cae Maduro/Cabello, o, un enfriamiento o colapso de los recursos financieros dimanantes de la crisis económica venezolana que impida el retorno de divisas a Cuba, la Ley 188/2014 es un órdago legislativo de efecto “llamada” en toda regla para afianzar una “economía de mercado tutelada” hacia un modelo de capitalismo de Estado, donde tengan preponderancia tres aspectos básicos y novedosos: a) El empresario extranjero podrá tomar el control del 100% de la inversión en bienes nacionales cubanos (sin que sea imperativa la figura de la otrora “empresa mixta”); b) El empresario extranjero inversor tendrá una mejor consideración fiscal/tributaria sobre los rendimientos de su capital; y c) El empresario extranjero inversor podría ser, “sotto-voce”, de origen cubanoamericano o cubano residente en el exterior, ya que la ley ni distingue ni excluye expresamente esta posibilidad. No hay que buscarlos a priori, ellos vendrán, dinero llama a dinero. Donde la Ley no distingue, no cabe distinguir (viejo adagio del Derecho Romano): lo que la ley no impide ex profeso, se entiende, por tanto, admitido.

 

Por ello no es casual ni arbitrario que, al alimón de cocerse esta Ley y en cuanto estuvo servida, 44 prominentes personalidades de EEUU propusieran por Carta al presidente Obama suprimir y flexibilizar las medidas coativas del embargo; de igual modo, directivos de alto nivel de la Cámara Federal de Comercio de EEUU y varios empresarios de ése país viajasen a Cuba para alabar las bondades de su legislación y promover la inversión norteamericana, y criticar las restricciones legislativas de la ley Helms-Burton referentes al embargo; y Hillary Clinton diga en sus últimas memorias —focalizadas en su posible nominación presidencial Demócrata— que propuso a Obama suprimir el embargo para restarle a los Castro motivos para seguir obstaculizando la democracia en Cuba. Todos los money lobbies están en movimiento. Y esa pista nunca ha fallado en la historia. Y cabría preguntarse: ¿Dónde están los derechos humanos, sindicales, laborales, empresariales de los cubanos que viven en la Isla —con capital propio— y que quieren ser empresarios en su propio país?

 

En cuanto a los cubanos que residen en la Isla, el texto aprobado por la Asamblea Nacional excluye explícitamente la posibilidad de que puedan realizar inversiones como personas naturales los cubanos de dentro de Cuba, lo que afectaría a los cuentapropistas, incipiente y maltratado empresariado nacional. Como “inversionista nacional” define la Ley 188/2014 solo a una “persona jurídica de nacionalidad cubana, con domicilio en el territorio nacional, que participa como accionista en una empresa mixta, o sea parte, en un contrato de asociación económica internacional”. En este caso, podrían verse beneficiadas las cooperativas, sean éstas agrícolas o no, pero deberían, de algún modo tener la condición de “mixtas” o de asociación económica internacional (en ambos casos, de capital foráneo). La clave de exclusión sigue siendo ésta: una persona física o natural, incluso jurídica, cubana residente en Cuba, sin capital extranjero o asociado con extranjero, no es considerada un inversionista nacional.

 

Esta nueva Ley no es una casuística normativa que se saca de la chistera el régimen castrista. Todo lo contrario: es un triple juego político-legal que pivota sobre tres postulados de supervivencia estratégica: que Cuba supere la dependencia de los recursos petrolíferos y financieros venezolanos; que Cuba reconduzca su fracasado e inoperante sistema económico socialista hacia un sistema de economía de mercado estatista-tutelado, principal reforma raulista en la materia, donde la inversión extranjera sea un motor revulsivo, sin las trabas y limitantes de la pretérita Ley 77/95; y que Cuba, en doble jugada estratégica, abra su economía al inversor cubanoamericano (no contestario ni hostil al sistema político imperante) y que, al mismo tiempo, ponga en tela de juicio e invalide, con su “libre derecho a invertir”, la aplicación directa de las medidas persuasivas y coactivas del embargo de EEUU, haciéndolo inviable de facto, y por tanto, leit motiv para su supresión de iure a fin de que también entren los inversores norteamericanos, afines a la Cámara Federal de Comercio de EEUU y al libre comercio per se. En otras palabras, el nuevo diseño económico, en tanto que también político, pretende ser un mix entre el modelo chino y el vietnamita, aderezado con una fuerte dosis de control político interno “a la cubana” que impida un capitalismo nativo interno, apabullante y sin complejos, que ponga en peligro la estabilidad y preeminencia del régimen comunista y de su partido único. Todo ello, al menos, hasta que desaparezca, como solución natural, la generación que hizo la revolución de 1959.

 

Una ley lampedusiana

 

Pero la Ley 188/2014 es también lampedusiana: intenta cambiarlo todo para que todo siga igual. De tal guisa que el Sr. José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de la ANPP, responsable de los Asuntos Constitucionales y Jurídicos de ésta, en entrevista concedida al periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, dijo rotundamente que: “el proceso de inversión extranjera se lleva adelante sin que el país renuncie a su soberanía y al sistema político social escogido: el socialismo. Esta nueva Ley permitirá orientar mejor la inversión extranjera de modo que responda a los mejores intereses del desarrollo nacional, pero no hay concesiones ni retrocesos“. En otras palabras: habrá capitalismo de Estado solo para los inversores extranjeros y comunismo para los cuentapropistas nacionales (que en ningún caso podrán ser considerados, siquiera, empresarios ni inversores nacionales al amparo de esta Ley); el modelo político es intocable. La moneda y el pasaporte seguirán definiendo, por tanto, a la persona y al empresario. Los cubanos de la Isla tendrán que seguir esperando.

 

La mayor polémica —o novedad, depende el ángulo visor— es que, por primera vez, esta Ley deja abierto un “cajón de sastre” para encuadrar la opción de que un inversor extranjero pueda ser un cubano de origen que haya adquirido otra nacionalidad o actúe, a efectos de inversor, como “extranjero” (domicilio y capital fuera de Cuba). Esto viene propiciado por la definición genérica que da la norma a la figura del inversor; a saber: una “persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero, que participe como accionista en una empresa mixta o participe en una empresa de capital totalmente extranjero, o figure como parte de un contrato de asociación económica internacional”. Pero es más, si nos atenemos estrictamente al texto, ni siquiera a ese inversor de origen cubano se le exige ser nacional de otro país, sería suficiente con que probase que su domicilio y su capital estén ubicados en el extranjero. Queda aparentemente diáfano, pues, a quién apunta esta nueva opción inversora. Y, por oposición, a quien excluye.

 

No obstante, como toda Ley de rango tutelar, de corte administrativista y discrecional aplicada en Cuba, y que no cambia lo estipulado por la anterior, las autoridades de la Isla se siguen reservando la posibilidad de decidir si la inversión les interesa o no, principalmente, si detrás puede haber un inversor de origen cubano que cuestione o discrepe frontal y activamente contra el sistema sociopolítico imperante en la Isla. Es muy dudoso, por tanto, que éste tipo de inversor sea “autorizado”. Por consiguiente, esta criba no definida en la norma quedará en el rango del subjetivismo selectivo de quien tiene la última palabra, al autorizar administrativamente al inversor extranjero. 

 

Nuevos y viejos vericuetos

 

No cabe duda que la Ley 188/2014 es un cambio de actitud hacia el inversor capitalista extranjero por parte del gobierno de Raúl Castro que, además del efecto llamada antes dicho, debe dotar de credibilidad y confianza el ánimo potencial del inversor foráneo. La anterior Ley 77/95 tenía los corsés propios de “un-quiero-y-no-puedo” surgido ante la debacle del CAME y de la ex Unión Soviética, con muchos altibajos (la mitad de las inversiones de la última década se han marchado, o simplemente han quebrado) y que con el Decreto Ley 50 de Febrero de 1982 —primera Ley de Inversión Extranjera que se aprobó en Cuba— se hacía insuficiente relanzar la economía ante la pérdida irrevocable de los subsidios del “campo socialista europeo” al entrar la década de los 90 del pasado siglo XX. Ahora, visto que no hay marcha atrás en aquellos derroteros, y que la economía cubana es el peor desastre de su rubro nacional, con el riesgo del colapso económico venezolano, la cara aperturista de la Nueva Política Económica raulista debe tener un amparo legal, como reclamó en varias ocasiones el General-presidente a sus legisladores en la ANPP.

 

Probablemente el mayor atractivo de la Ley es su flexibilidad impositiva o tributaria, siempre en comparación con la anterior legislación citada. De este modo, establece la exención del pago del impuesto sobre los ingresos personales a los inversionistas foráneos. En línea similar, para inversionistas extranjeros y nacionales (éstos últimos siempre personas jurídicas, dentro de lo que se incluye a las cooperativas) propone un tipo impositivo del 15% sobre las ganancias, la mitad del impuesto anterior. Los beneficios fiscales no se aplicarán, sin embargo, para las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales, sean éstos renovables o no, que deberán pagar impuestos sobre las ganancias de hasta un 50 por ciento. Ésta discriminación tributaria es un craso error del legislador, la tabla impositiva si quiere ser buena y atractiva, tiene que ser única y siempre a la baja. Un sector con tasa in crescendo fiscal no atrae, detrae. Máxime cuando esto afectaría por ejemplo a los sectores claves para atraer al inversor extranjero: la investigación y extracción de petróleo, la industria minero-metalúrgica, la azucarera, las energías renovables, etc.

 

Asimismo, promete “plena protección y seguridad jurídica” al inversor, lo que sin Tribunales de Justicia independientes, profesionales y libres (apolíticos), es un eufemismo literario en la norma. La nueva Ley mantiene que las inversiones podrán ser expropiadas “por motivos de utilidad pública o interés social”, como establecía la anterior ley 77/95, aunque bien es cierto que prometiendo que se les indemnizará económicamente en el caso de que tal supuesto se produzca. Asimismo, sigue sin modificar el criterio de contratación laboral al estipular que los trabajadores cubanos deberán ser contratados a través de una agencia empleadora estatal.  De este modo, el gobierno cubano viola o incumple, al menos, varios tratados internacionales que ha suscrito en materia de declaraciones sobre el trabajo aprobadas por la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

En la citada nueva ley, el legislador excluye expresamente del ámbito de la inversión foránea los sectores de servicios de salud y educación, y las instituciones armadas, “salvo el sistema empresarial de estas últimas”. Esto es, se podría tomar participación accionarial dentro de GAESA, gran conglomerado cuasi-privado que gestiona y administra con cierto éxito, desde el Ejército, muchos sectores económicos: turismo y hostelería, aviación comercial, almacenes-logísticos, transporte, marinas deportivas, campos de golf, etc.  No obstante, ya la Ley 77/95 admitía la opción de participación público-privada en la co-gestión de centros de salud especializados en turismo sanitario, por medio de empresas mixtas de capital cubano y extranjero.

 

Para el economista y profesor Elías Amor Bravo, en declaraciones a DIARIO DE CUBA, esta Ley es muy limitada en su proyección hacia el inversor interno, y afirmó que: “a ellos les interesa que se invierta en el turismo, la minería y la biotecnología (…) Al margen de eso, no hay muchas más actividades en Cuba que puedan ser interesantes para la inversión extranjera”. En las modalidades de inversión, el Gobierno excluye, por ejemplo, fórmulas como las franquicias, utilizadas por cadenas de restaurantes y moda, entre otros. “Es un marco muy restrictivo (…) y que no supone ninguna ventaja para los cubanos“ advirtió Amor.

 

Lo más oscuro

 

Sin embargo, la ley tiene un sesgo generalista que bien vale la pena considerar, ya que deja entrever la permisión inversora en “actividades que no afecten la defensa, la seguridad nacional, el patrimonio de la nación y el medio ambiente”. Es decir, con respecto a la Ley 77/95 solo excluye “sectores que, por mandato constitucional, quedan exentos, como son los medios de comunicación”; de este modo se sobreentiende que todos los demás sectores de la economía, incluyendo algunos medios “fundamentales de producción” podrían ser objeto de posicionamiento por inversores extranjeros, para su privatización. De darse, cambiaría diametralmente el modelo jurídico-económico de la propiedad que en su día se definió en el Código Civil y en la Constitución, aún, con la reforma que se hizo en dicha categoría definitoria cuando se aprobó la derogada Ley 77/95, toda vez que con esta nueva Ley 188/2014, el inversor extranjero puede ser íntegramente el único propietario de la inversión ejecutada.

 

Los dos aspectos más oscuros de esta Ley, que si bien mejora la anterior tampoco es suficiente, son los siguientes:

 

1) Reitera idénticos criterios que la Ley 77/95 en cuanto a las restricciones existentes para los inversores extranjeros respecto a la falta de libre contratación de mano de obra, la cual tendrá que realizarse de forma indirecta a través de “entidades empleadoras” del Estado, como se viene haciendo hasta ahora. En igual sintonía, el pago libre de salarios quedará también limitado por un control de cambio específico que regirá en la zona franca del Mariel (La Habana). De ese modo, la tasa de cambio discriminatoria entre las dos monedas de la Isla, el peso cubano (CUP) por un lado, y el peso convertible (CUC) por otro, será inferior al oficial y aminorará los sueldos desembolsados en CUP para los trabajadores cubanos en dichas empresas extranjeras o de capital mixto. Dicho de un modo simple: La Ley 188/2014 no reconoce el derecho de los trabajadores para negociar directamente el salario con los empleadores extranjeros, lo que implica una doble explotación por la agencia empleadora y por la empresa extranjera. Y, consecuencia, viola e incumple los Tratados y Acuerdos de la OIT de los que Cuba es signataria. Estos derechos, tampoco son reconocidos por el nuevo Código del Trabajo aprobado en 2013 (deroga al de 1984), que incluye a los trabajadores por cuenta propia pero que no autoriza la libertad sindical; no recoge tampoco el derecho de huelga como se reconoce en los instrumentos jurídicos de la OIT y que se refrendó en la última Constitución democrática cubana de 1940, y obviados por las nuevas leyes aprobadas a partir de 1959.  En consecuencia, ésta nueva Ley no entra de plano a enmendar los derechos limitados y conculcados de los trabajadores.

 

2) La nueva ley tampoco permite el arbitraje internacional de disputas, como se podía hacer con la anterior legislación, lo cual aboca al inversor a vérselas directamente en los Tribunales de Justicia cubanos, lo cual, como es sabido, no basta con tener la razón y saberla defender, sino que dependerá todo del sesgo político-legal que se aplique por el Juzgador al caso sometido a su jurisdicción procesal.

 

En resumen, ningún país democrático serio, respetuoso de los derechos humanos, necesita una Ley de Inversión Extranjera para promover las inversiones foráneas en sus predios. Al menos, si la hacen, en ningún caso implica demeritar los derechos propios de los inversores del país ni de sus trabajadores, siempre en igualdad de oportunidades. Ni tampoco se les ocurre minusvalorar a los inversores internos nacionales en pro de los de fuera; más bien todo lo contrario, se les prioriza y facilita todo cuanto necesiten para crecer empresarialmente. A las democracias occidentales les basta su legislación nacional propia, igual para todos, con el fin de facilitar toda clase de inversiones sean internas o externas, y no se hacen leyes ad hoc para extranjeros, donde, quizás, y solo por ser extranjero el inversor, se les faciliten algunas tramitaciones de orden legal o burocrático: el VAT-VIES en la Unión Europea para impedir la doble tributación; facilitad en el retorno de los productos del capital; rápida creación de empresas;  libertad electiva en la domiciliación de sociedades donde se tenga mejor consideración tributaria; deducciones fiscales; libre contratación de personal, laboral y directivo facilitando bonus sociales de domicilios y agrupaciones familiares, respetando el pago íntegro de los salarios mínimos interprofesionales y beneficios sociales marcados en la legislación interna, incluyendo los sindicales; etc. No existe la discriminación legislativa ni activa ni pasiva. Por ello, y en aras de un avance cierto, si Cuba ratificara e implementara en su legislación interna los dos Pactos suscritos por ella en Nueva York el 28 de Febrero de  2008 sobre Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se estaría gestando y propiciando, precisamente, el marco jurídico necesario para que la Ley 188/2014, y otras tantas, tenga y sea realmente una garantía de respeto y seguridad jurídicas que necesita cualquier inversor extranjero. De lo contrario, se seguirá arando en el mar, con las mismas premisas de inseguridad y falta de estabilidad y respeto en el orden legal, tan necesarias no solo para el éxito de cualquier empresa, sino también para la salvaguarda y garantía de todos los derechos de los cubanos de disfrutar y poseer, como sujetos activos, la riqueza nacional de su país. 

 Correo enviado al empresario cubano Carlos Saladrigas, chairman del  Cuba Study Group

18 de febrero de 2014

 

Propuesta al Cuba Study Group

 

Sr. Carlos Saladrigas:

 

El Congreso de los Diputados de España no ve signos favorables a los DDHH en Cuba, pero saluda que la UE quiera negociar con La Habana: El Congreso “manifiesta su completa disposición para, si es necesario y fuera requerido, colaborar en el desarrollo” de esas negociaciones, “incidiendo” en “la aplicación de las cláusulas democráticas que garanticen el respeto a los Derechos Humanos y las libertades individuales y colectivas, incluso la libertad de sindicación, para hacer posible así la reconciliación nacional y lograr mejoras en el ámbito de cooperación al desarrollo y en el nivel de vida del pueblo cubano”.

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el régimen de los hermanos Castro ha sustituido el “yankee go home” por el “yankee come home”, usted y los otros multimillonarios cubanos integrantes del Cuba Study Group que han decidido invertir en la Cuba castrista, tienen el deber moral de exigir que en la Constitución de la República de Cuba se expresen explícitamente los siguientes derechos de los trabajadores:

 

Libertad sindical, entendiéndose como tal que el Estado garantice el derecho que tiene toda persona de fundar sindicatos y asociarse en ellos para la defensa de sus intereses.

 

Derecho de huelga, entendiéndose como tal que el Estado garantice que los empleados puedan interrumpir sus labores total o parcialmente -con el objetivo de promover y defender sus intereses-, sin que los huelguistas sean reprimidos de forma alguna, durante y después de finalizada la huelga. El Estado garantizará con todos los medios a su alcance que no se utilicen rompehuelgas.

 

Contratación directa del trabajador por parte del empleador, por lo que será sancionado legalmente aquel empresario que viole este acápite.

 

Declarar ilegal y proceder a su inmediata disolución a ACOREX, la Sociedad Mercantil Cubana Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y las demás empresas similares. Por ende, no podrá autorizarse la creación de empresa alguna con características equivalentes.

 

Derecho a la negociación colectiva.

 

Semana laboral de 44 horas, con pago de 48, como contempla la Constitución de 1940. De realizarse algún tipo de modificación, será en beneficio del tiempo libre del empleado.

 

Horas extras diarias. Después de trabajar ocho horas en un día, un empleado debe ser remunerado a tiempo y medio por las cuatro horas subsiguientes.

 

Horas libres de trabajo. Un empleado debe tener al menos 32 horas consecutivas libres de trabajo cada semana. Si el empleado trabaja durante este periodo, debe recibir remuneración equivalente a tiempo y medio por todas las horas que trabaje.

 

Además, ninguno de los integrantes del Cuba Study Group hará negocios con la tiranía comunista hasta que el régimen de La Habana no se comprometa por escrito con cumplir y hacer cumplir los artículos 9, 13, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

Sr. Carlos Saladrigas, por favor, haga acuse de recibo.

 

Agradeciéndole por anticipado su atención, queda de usted,

 

Profesor Manuel Castro Rodríguez.

Cuba y una Ley de Inversiones

Fernando Ravsberg

20 de marzo de 2014

 

El 29 de marzo el parlamento debate la nueva ley de inversiones extranjeras que regirá “en casi todos los sectores de la economía”(1), según adelantó José Luis Toledo Santander, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

 

El tema es vital para Cuba, tanto que el exministro de economía, José Luis Rodríguez, afirma que “el incremento de los ritmos de crecimiento de la economía cubana (…) supone un notable aumento de las inversiones en los próximos años” (2).

 

Se pretende atraer más empresarios extranjeros ofreciéndoles mayores garantías y seguridades. Toledo agrega que incluso se “contempla también bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal”.

 

El asunto está muy ligado a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, proyecto realizado con apoyo financiero y tecnológico de Brasil, que pretende crear una especie de Hong Kong caribeño, con reglas diferentes a las que se aplican en el resto del país.

 

Y necesitarán de otras regulaciones porque no es difícil imaginar la cara que pondrán los nuevos inversionistas cuando les informen que deben pagar un cuarto de millón de dólares por cada automóvil que compren para su empresa en Cuba.

 

El asombro se repetirá al conocer las tarifas de internet y aumentará cuando comprueben que su conexión es lenta porque desde el mismo servidor la piratean para revenderla en el mercado negro, mecanismo por el cual los cubanos logran acceder desde sus casas.

 

El sistema de contratación en Cuba

 

Asegura José Luis Toledo que entre las preocupaciones de los parlamentarios ha estado presente “los derechos laborales de los cubanos que trabajarían en esos proyectos”, algo que preocupa también a los ciudadanos que ya forman parte de estas compañías.

 

Hoy, los inversionistas para contratar el personal de sus empresas están obligados a acudir a oficinas empleadoras del Estado que, por la mera gestión de intermediación, se quedan con el 90% del salario que el empresario paga a sus empleados.

 

El 10% restante no alcanza para vivir, así que si el empleador quiere exigir un trabajo eficiente se ve obligado a dar una bonificación extra en moneda dura, sobre la cual los impuestos también se llevan una tajada de alrededor del 35%.

 

Los empleados de las empresas extranjeras pueden considerarse privilegiados respecto al resto de los cubanos a pesar de lo cual muchos sienten malestar al comprobar que el Estado les retiene un porciento mayor del que pagarían incluso en los países escandinavos.

 

En este sentido, José Luis Rodríguez propone “flexibilizar el régimen de contratación de la fuerza de trabajo sin renunciar al control del sistema laboral de las asociaciones con el capital extranjero, utilizando una política salarial y fiscal más adecuada”.

 

Los retos de Cuba

 

Otro obstáculo son las empresas importadoras del Estado, las únicas autorizadas a realizar esas gestiones. Se trata de monopolios que gozan de un enorme poder de decisión, una lentísima capacidad de gestión y, en ocasiones, carecen de integridad empresarial.

 

Y por último pero tal vez lo más importante según Rodríguez es “incrementar la credibilidad mediante la normalización del pago de los adeudos pendientes con diferentes acreedores” y el pago en tiempo a los empresarios que actualmente comercian con la isla.

 

Por esos retrasos en los pagos, que a veces se deben solo a causas burocráticas, Cuba gasta más en sus importaciones. Los empresarios aumentan el margen de ganancia para cubrir los intereses que deben abonar a los bancos financiadores de las operaciones.

 

Los retos que tiene el parlamento cubano en su intento de promover la inversión extranjera son enormes y su éxito estará dado por entender que pretenden decir cuando aseguran que en la nueva ley de inversiones extranjeras “no hay concesiones ni retrocesos”.

 

Si no hacer “concesiones” significa que se defenderán los intereses nacionales y que “en modo alguno significarán la venta del país”, puede ser a largo plazo la garantía de que no se hipotecará una nación que pertenece ya a las nuevas generaciones de cubanos.

 

Pero si para evitar “retrocesos” se mantiene el entramado kafkiano de regulaciones irracionales y organismos ineficientes entonces Mariel no tendrá más éxito que las fracasadas zonas francas inauguradas, con igual bombo y platillo, hace 2 décadas.

Cuba permitirá la inversión extranjera en casi todos los sectores

26/3/2014

 

La Habana.(dpa) - Cuba tiene previsto permitir la llegada de capitales extranjeros en prácticamente todos los sectores de su economía, con excepción de en los campos de salud y educación, según detalles de la prevista Nueva Ley de Inversión Extranjera difundidos hoy.

 

“La inversión foránea podría ser autorizada en todo los sectores, excepto en los servicios de salud y educación a la población y todas las instituciones militares”, citó el diario “Juventud Rebelde” a dos altos funcionarios del gobierno de Raúl Castro.

 

El Parlamento cubano ultima sus preparativos para la prevista aprobación de la Nueva Ley de Inversión Extranjera, prevista para este sábado. Las comisiones de la Asamblea Nacional iniciaron sus debates previos de cara a la sesión extraordinaria del sábado, informó el diario oficial “Granma”.

 

El proyecto de la Ley de Inversión Extranjera, que busca incrementar la llegada de capitales del extranjero para reactivar la maltrecha economía de la isla, “ya se encuentra en fase legislativa”, señaló el rotativo.

 

La nueva ley dejará “establecido el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía”, según las informaciones difundidas en las últimas semanas por los medios estatales cubanos.

 

El gobierno de Raúl Castro había anunciado desde hace tiempo una nueva legislación para intentar atraer capitales foráneos, en el marco de sus reformas de mercado.

 

El castrismo, sin embargo, ha subrayado que la nueva ley no implica una renuncia al modelo socialista ni un “retorno al pasado”. La isla está sumida desde los años 90 en una crisis económica y depende en gran parte del suministro de petróleo en condiciones favorables desde Venezuela.

 

Hasta ahora no se conocen muchos detalles del proyecto. El gobierno cubano permite desde los 90 la formación de empresas mixtas con capital foráneo, aunque no autoriza que se constituyan compañías completamente bajo control extranjero.

 

Otro de los puntos críticos para los potenciales inversores extranjeros o aquellos ya presentes en la isla es la imposibilidad de contratar directamente mano de obra local y fijar salarios.

 

Según la directora general de Inversión Extranjera en el Ministro de Comercio Exterior, Déborah Rivas, el proyecto incluye “34 principios generales y 11 políticas sectoriales” para fomentar la llegada de capitales.

 

Rivas y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo, dieron a la prensa estatal cubana algunos detalles sobre la nueva ley.

 

Ambos aclararon que el proyecto propone modalidades de inversión realizadas en “calidad de empresa mixta, contrato de asociación económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero”, sostuvo “Juventud Rebelde”, sin dar más detalles.

 

Según las informaciones que han trascendido en las últimas semanas, la nueva legislación ofrecerá sobre todo mayores garantías jurídicas para los inversores y generosos beneficios fiscales.

 

La isla inauguró en noviembre del año pasado una zona franca alrededor del puerto de Mariel, unos 45 kilómetros al oeste de La Habana. El proyectado parque industrial ofrece ya varias excepciones fiscales a los inversores extranjeros.

 

El propio Raúl Castro ha reconocido en varias ocasiones que su gobierno busca impulsar la llegada de capitales.

Aroma de puro y enemigos jurados

Raúl Rivero

29 de marzo de 2014

 

    La nueva Ley de Inversión Extranjera dará oxígeno al régimen castrista para perpetuarse

 

El gobierno cubano ha utilizado los medios oficiales para proclamar a los vientos del Caribe que la nueva Ley de Inversión Extranjera no significará “la venta del país ni un retorno al pasado”. Es verdad: el grupo de poder se propone compartirlo parcialmente con empresarios de otras tierra y mantenerlo estancado en ese lodazal que componen el socialismo arruinado y un capitalismo de sambumbia clara.

 

El mensaje que quieren trasmitir es que ellos, como hábiles conductores del pueblo y grandes gestores del país, promueven medidas para facilitar que los inversores vayan llenos de entusiasmo a complementar el desarrollo de una economía que, en más de 50 años, no ha podido garantizar una cuota de cinco huevos al mes ni un vaso de leche para los ciudadanos.

 

Pero la realidad es que la ley es un éxito para el régimen. Es un anzuelo que tenía aspirantes a la mordedura antes de poner la carnada y lanzarlo al agua. Empezó a tomar cuerpo, a difundirse y a obtener respuestas positivas en Europa, en ciertos sectores de Estados Unidos y del exilio cubano, cuando ya se sabía que Nicolás Maduro no era capaz de organizar y de llevar a buen fin ni el bautizo de un niño.

 

Por lo menos lo sabían en La Habana. Ya se trabajaba en un decreto para convertir el puerto del Mariel -con el apoyo financiero de Brasil- en una zona especial para el desarrollo de empresas extranjeras.

 

Ante la posibilidad de verse privados de la tubería de petróleo con la que el generoso Hugo Chávez transformó la isla en un país exportador del crudo, los jefes criollos comenzaron a hacer lo que siempre han hecho para mantenerse al mando: conseguir recursos ajenos, buscar dinero en algún sitio, en vez de dedicarse a desarrollar las riquezas del país.

 

Con esta ley, en la que han ampliado los beneficios personales de los inversores y se les ha garantizado, al menos en el papel, protección y seguridad jurídica, los gobernantes cubanos encuentran otras zonas donde respirar independientemente del desenlace del conflicto venezolano. Han abierto otras puertas que les permite descansar sin la sensación de que el malecón de La Habana entronca en algún sitio con el de Maracaibo.

 

Aparte de los empresarios europeos que ya preparan sus maletas y sueñan con el aroma de los puros, tienen su valijas arregladas y han hecho visitas de inspección, inversores de Brasil, el subimperialismo con carnaval, de China, de Vietnam y de Rusia, que ahora en vez de mandar cohetes de guerra, les regala aviones comerciales como ha hecho esta semana.

 

Para el cubano de a pie y de cartilla de racionamiento, la nueva ley abre la posibilidad de adivinar que un pequeño grupo podrá recibir los rastrojos que dejen caer las autoridades y los extranjeros. Uno de los artículos asegura que la ‘empleomanía’ de las empresas estará a cargo de una entidad estatal.

 

En otro plano, en sus mismos terrenos marginales, pero más apartados y solos, se quedan los presos políticos, los opositores pacíficos y las Damas de Blanco que aparecen como figuras obsoletas en medio de tanto progreso económico anunciado por la propaganda oficial y por los amigos de la dictadura en otras regiones del mundo.

 

Además, algunos representantes de gobiernos, que en épocas anteriores se mostraban solidarios con la oposición cubana, han empezado a pasar por su lado como sino los conocieran porque no pueden molestar a los nuevos socios comerciales que ofrecen espacios a los inversores de sus países.

 

Sí, la Ley de Inversión Extranjera es un éxito para el régimen que comienza otra etapa de ‘eterización’ con el dinero de los capitalistas y el aplauso o el silencio de muchos demócratas, sus enemigos jurados, según se nos había dicho.

Cuba se abre al capital extranjero

Iván García

30 de marzo de 2014

 

El régimen aprueba de manera exprés la Ley de Inversión Extranjera con la que busca atraer recursos foráneos para paliar la crítica situación económica que vive la isla

 

Cuando un Gobierno tiene las finanzas en números rojos todo es prisa. Las recetas ya se saben. Se suele recurrir a la tijera impositiva y efectuar recortes de carnicero al abultado gasto público.

 

El sábado 29 de marzo, pasada la una de la tarde, el noticiero nacional de televisión informó que de manera unánime el monocorde parlamento cubano había aprobado una nueva Ley de Inversión Extranjera, sin aportar más detalles

 

Quedaba derogada la Ley aprobada en 1995, donde se asignaba al capital extranjero un papel de “complemento” a las inversiones estatales cubanas, cuyas acciones de capital foráneo debían rondar el 50% en cada empresa mixta creada. De esta manera, Cuba aspira a traer anualmente al país entre 2.000 y 2.500 millones de dólares.

 

Las urgencias apremian. Venezuela, la teta que nos cede el petróleo, es una pira de violencia criminal, política y un caos económico. China es un socio ideológico, un banquero que presta dinero si obtiene beneficios.

 

El margen de maniobra del régimen cubano no es muy amplio. La solución ha sido abrirse un poco, no del todo. Excepto en materia de salud, educación o defensa, Cuba está en venta.

 

Los expertos en propaganda política del Partido Comunista, el único gobernante y legalmente autorizado, intentan dorar la píldora de cara a la galería local.

 

En los últimos meses, funcionarios del Gobierno se han encargado de prometer al capital foráneo un papel más importante en la economía cubana.

 

Sin renunciar al comunismo

 

“Los recursos extranjeros trascenderían ahora el papel de complemento a los esfuerzos inversionistas de la isla y ocuparían un papel importante, incluso en áreas como la agricultura, donde no es frecuente la inversión foránea”, afirmó en enero Pedro San Jorge, director de Política Económica del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

 

Entrevistado por el diario Granma, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular para Asuntos Constitucionales y Jurídico, el 17 de marzo dijo que la nueva ley “permitirá además el establecimiento de una carpeta de inversiones, de modo que quienes deseen podrán conocer las áreas de interés para el país”.

 

“Esta carpeta conllevará también un adelanto en cuanto a la documentación que se requiere para acometer la inversión, de modo que el proceso sea más ágil”, añadió el funcionario, haciendo referencia a otra de las quejas habituales de los empresarios: la excesiva y lenta burocracia cubana.

 

Toledo Santander aclaró que la nueva ley “contempla también bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la inversión”.

 

Y subrayó que “el proceso de inversión extranjera se lleva adelante sin que el país renuncie a su soberanía y al sistema político social escogido: el socialismo. Esta nueva Ley permitirá orientar mejor la inversión extranjera de modo que responda a los mejores intereses del desarrollo nacional, pero no hay concesiones ni retrocesos”.

 

Solamente por un marcado interés de la autocracia verde olivo, cuando se trataba de negocios que aportaban tecnologías y mercados, esa proporción fue superior. Entre los años 1996 y 2003 en Cuba se crearon alrededor de 400 firmas con capital foráneo en sectores de la minería, hostelería, alimentación, automotriz e inmobiliaria.

 

Todo a pequeña escala y fiscalizado con lupa por las autoridades. Ahora es una opción de vida o muerte. La revolución de Fidel Castro generó muchas promesas y discursos, pero éstos no repercutieron en el desarrollo económico que el país ha necesitado.

 

En Cuba se importa desde cepillos de diente hasta bolígrafos. Extensas áreas de tierras cultivables están repletas de marabú, no producen o producen poco.

 

En 2013, el Gobierno importó casi 2.000 millones de dólares en alimentos. Desde 1959 los gobernantes no se cansan de prometer abundantes cosechas de malanga, papa, naranja, café o un vaso diario de leche per cápita. Pero la ineficacia del sistema frena cualquier proyecto racional.

 

No a los anticastristas

 

Entonces se sacó la última carta bajo la manga. Abrir las puertas, con generosas excepciones fiscales, a inversores extranjeros. Incluyendo a cubanos residentes en Estados Unidos y Europa.

 

Pero no a los feroces anticastristas cubanoamericanos de la Florida. Si moderan el discurso, tal Alfonso Fanjul, Carlos Saladrigas y compañía, pudieran ser tomados en cuenta.

 

Por supuesto, todo no es coser y cantar. El embargo de Estados Unidos es un freno poderoso a cualquier aventura empresarial en la isla. Y los hermanos Castro no son socios serios.

 

Al contrario. Según los vaivenes políticos, han cambiado o corregido el rumbo a placer. De 400 firmas extranjeras que existían en 1998, en la primavera de 2014 quedan alrededor de 200.

 

Varios empresarios extranjeros, entre ellos canadienses, fueron sancionados con la cárcel y otros, como el chileno Max Marambio, tiene una orden de captura por parte de la fiscalía cubana.

 

Raúl Castro, quien heredó el poder en 2006 por decreto de su hermano Fidel, ha intentado maquillar las instituciones y establecer un orden de cosas coherentes, aboliendo leyes absurdas que impedían al cubano alojarse en un hotel, tener un teléfono móvil y vender su casa o su coche.

 

En enero de 2013 se aprobó una nueva ley migratoria que facilita los viajes al extranjero de los cubanos, incluidos los disidentes. A precios de escándalo se comercializa internet y se venden autos Peugeot como si fuesen Lamborghinis.

 

Para muchos políticos de Europa y América, Cuba está entrando en la modernidad y se le deben perdonar sus pecados del pasado, la falta de democracia y de libertad de expresión. Otros opinan que solo es una estratagema para ganar tiempo.

 

El cubano de a pie, ese que desayuna café sin leche, hace una sola comida caliente al día y demora dos horas para ir y venir del trabajo a su casa, debido al ineficiente trasporte público, apenas se favorece con las cacareadas aperturas.

 

En la isla pueden evadir la tormenta aquéllos que abren paladares y o los que reciben remesas del extranjero. Quienes trabajan para el Estado, la mayoría, son los que peor la están pasando.

 

Aunque el régimen intente camuflar sus nuevas políticas con diferentes piruetas ideológicas, la gente en la calle reconoce que la realidad cubana de estos tiempos es un auténtico capitalismo de Estado barnizado de color rojo.

 

Para ese segmento amplio de cubanos de a pie, la nueva Ley de Inversiones es un eco en la distancia. Aún está por ver si les traerá beneficios.

En The New York Times Julia Cooke explica cómo las reformas castristas excluyen a una parte fundamental de la sociedad.

In Cuba, Unequal Reform

By JULIA COOKE

APRIL 1, 2014

 

I caught a cab in Havana one afternoon a few years ago when I lived in Cuba. It was a gypsy cab, which is to say a man with a car who’d accept money to give me a ride. We settled on $3, and I slipped into the front seat of the Russian Lada next to the driver, a stern, tall, 50- or 60-something black man in a suit. Cuban taxi drivers are notorious busybodies, but this man was silent until we approached my apartment.

 

“I am a doctor,” he finally said. “Cardiólogo. I did some of the first pediatric open-heart surgeries in Havana.”

 

This sort of interaction is familiar to anyone who’s spent much time in Havana. Highly trained Cubans doing tasks far beneath their intellectual capacity for extra cash — whether moonlighting or full-time — are the inheritance of the Castro regime. As so much changes in the country under Raúl Castro, this remains the same.

 

The last three years have brought tremendous economic reforms to Cuba, particularly in terms of opening up the tourism and small business sectors. The National Assembly has legalized the purchase and sale of property and cars, granted licenses to small businesses and nonprofessional independent contractors, and done away with the exit permits that have restricted Cubans’ travel and migration since 1961. Just last weekend, it slashed government taxes on foreign companies operating in Cuba.

 

And yet one group of Cubans has been systematically excluded from these transformations: professionals, like my gypsy-cab-driving doctor. Until this changes, the country, and the foreign investment it hopes to lure with reforms like this most recent one, will stagnate.

 

It is still illegal for professionals, ranging from engineers to doctors to lawyers to architects, to practice independently. Cuba’s free, meritocratic educational system has made them, the rationale goes, and so their human capital should benefit the state. But in return, they earn paltry state paychecks that hover around $18 to $22 per month. To make ends meet they drive taxis after hours or quit the jobs they were trained for altogether in order to work at restaurants, bars or privately owned shops.

 

There has been some loosening in certain fields. Last month, the government announced that medical professionals would see steep raises in their salaries, offering — on the high end of the spectrum — a doctor with two specialties $67 monthly. And last fall, a new law began to allow Cuban professional athletes to sign contracts with foreign leagues and compete for pay abroad. Still, a Cuban can go into business as a party clown but not a lawyer; she can open a bar but not a private clinic.

 

The newest chapter in the reshaping of Cuba’s economy is the law passed on Saturday, which lowers total taxes on foreign businesses from 55 percent to 15 percent (businesses headquartered anywhere but the United States, that is, because of our trade embargo). But Cuban workers don’t stand to benefit much from the change. Should foreign companies be lured to Cuba by better deals, they would not be able to hire professionals as they see fit. Rather, they would still have to contract labor through the Cuban state.

 

This is not to say that independent practice does not happen — it does. Web programmers take on freelance assignments paid in cash, writers sell books in Spain, architects quietly make renderings for a well-connected family’s new restaurant. Yet these professionals work in the underground economy, without legal protections. Five years ago, before Raúl Castro’s reforms came into effect, the current generation of entrepreneurs selling religious paraphernalia or spa services were doing the same. Now they are able to be openly compensated for their work.

 

Younger generations of Cubans are daring and savvy; they’re used to a legal landscape that changes monthly. But many young professionals aren’t willing to wait. Too often, they complete the two to three years of social service required to “pay for” their degrees and then leave the country, often for Europe, Latin America or the United States. In 2012, migration statistics shot as high as in the early 1990s, when Cuba plunged into a post-Soviet economic crisis. And the ranks of migrants were bloated with professionals.

 

Back home, an older and more experienced generation, like the cardiologist who picked me up, drives taxis. Cuba’s brain drain doesn’t just cross borders, pushing skilled locals into other economies; necessity, too, forces professionals out of their fields on the island itself. This diminishes the country’s appeal to some of its best citizens, yes — and to foreign investors as well.

 

To be a professional in Cuba today is still a grim prospect. And until this changes, economic reforms or no, Cuba won’t change much, either.

 

Julia Cooke is the author of “The Other Side of Paradise: Life in the New Cuba.”

 

A version of this op-ed appears in print on April 2, 2014, in The International New York Times.

La ley que no es

Alejandro Armengol

1 de abril de 2014

 

Lo de que el gobierno cubano no busca inversiones en Miami no es enteramente cierto

 

Lo curioso de la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba es el interés mostrado en la prensa oficial de la Isla por enseñar lo que no es la ley. Así se vieron artículos y titulares en que se enfatizaba que con la ley no se está vendiendo a Cuba; no implica una negación de la soberanía y del socialismo; no se está entregando el país al capital extranjero y no se irá buscar inversión extranjera a Miami, para citar algunos ejemplos.

 

Lo de que el gobierno cubano no busca inversiones en Miami no es enteramente cierto, porque a comienzos de julio del pasado año el cónsul general de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, Llanio González, visitó esta ciudad y anticipó que la nueva legislación permitiría la inversión de cubanos residentes en el extranjero.

 

Sin embargo, y para continuar con los “no”, el Ministro de Comercio Exterior Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, dejó en claro que, de los cubanos residentes en el exterior, y especialmente en Estados Unidos, las posibles inversiones solo podrán hacerlo quienes “no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario, ni estén vinculadas con la mafia terrorista de Miami”.

 

Llama la atención tanta negatividad, cuando precisamente La Habana lleva años anunciando esta ley como algo positivo.

 

Y es que esta legislación no solo tiene un objetivo económico, sino también, y específicamente, un carácter político.

 

Que en resumidas cuentas empiece a hablarse de una posible inversión de los grandes capitalistas exiliados, como la familia Fanjul, no deja de ser una derrota ideológica, y en primer lugar política.

 

Aunque por supuesto (y como en otras ocasiones), es muy posible que el exilio de Miami —consciente o inconscientemente— se sume al juego del gobierno cubano y comience a criticar, gritar y hasta exigir que no se permita a ningún cubano residente en EEUU invertir en Cuba, algo que por otra parte en la actualidad no lo permite Washington.

 

(En el caso de Alfonso Fanjul, que fue quien hizo las declaraciones sobre la posibilidad de invertir en Cuba si existían las condiciones adecuadas, la cosa se complica porque es ciudadano español.)

 

Pero por encima de los casos específicos, y más allá del hecho de que falta aún para que se conozcan las normas mediante las cuales se pondrá en práctica la ley, ese carácter político preocupa al gobierno cubano.

 

Tanto que ha dado la impresión de una cautela única, en el caso de una legislación por tanto tiempo anunciada, y se ha demostrado un interés en calmar no a sus enemigos —cosa que por otra parte nunca le ha interesado a la Plaza de la Revolución—, sino a sus miembros, a los suyos, a los revolucionarios, si es que esa especie en peligro de extinción en la Isla cuenta aún con muchos ejemplares.

 

El problema aquí no es practicar la típica visión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, actitud que ya está presente en muchos de los análisis surgidos incluso antes de que se conozca el contenido completo de la ley.

 

Por supuesto que la ley es un paso de avance para los que contemplan invertir en Cuba, en cuanto a exenciones fiscales, y está supuesta a prestar mejores garantías a las inversiones.

 

Lo que no contempla la ley es fabricar un país nuevo, de la noche a la mañana, donde todo esté resuelto para quien quiera arriesgar su dinero en Cuba.

 

En este sentido, no ha que especular, sino considerar por un momento la realidad cubana.

 

Es muy probable que los capitalistas cuenten con un marco legal más amplio que el existente hasta el momento. De hecho, el interés de Cuba en ciertas inversiones extranjeras ya ha llevado a modificaciones del sistema legal.

 

Cuba aprobó en 2010 la legislación necesaria para desarrollar exclusivos campos de golf en la Isla. Hasta ahora, el plan no ha brindado resultados notables.

 

En este sentido, llama la atención el hecho de que este clima, que en apariencia resulta más favorable a la inversión extranjera, hasta el momento no ha tenido una respuesta positiva en el exterior.

 

Según un artículo de americaeconomica.com de 2012, el número de solicitudes que los inversores internacionales habrían presentado a revisión en el 2011 se limitaba a 240 proyectos, un número muy alejado de los 700 proyectos que por término medio se presentaban ante el Ministerio de Inversiones Extranjeras en la década de los noventa del pasado siglo.

 

De acuerdo al artículo de Juan Tamayo aparecido en El Nuevo Herald, en la actualidad la cifra de empresas mixtas con capital extranjero se ha reducido a unas 200.

 

No son buenas noticias para un país que en los últimos años ha tratado de recuperar su destruida industria azucarera, y en que los planes para echar a andar una agricultura depauperada solo brinda resultados paupérrimos cuando no negativos.

 

Ahora que la alianza con el presidente venezolano Nicolás Maduro es un gran signo de interrogación, hacen falta las inversiones extranjeras más que nunca, no únicamente con vista al presente sino que éstas resultan imprescindibles para el futuro de un modelo que permita sobrevivir a la élite gobernante luego del fin de los hermanos Castro.

 

Tres factores al menos parecen haber contribuido a la disminución de las inversiones extranjeras en Cuba.

 

La crisis mundial es indudablemente uno de ellos, y también el hecho de que, desde hace años, el gobierno cubano viene desarrollando un proceso de eliminar los inversionistas pequeños o relativamente pequeños, ya que prefiere tratar solo con las grandes corporaciones, o lograr acuerdos en que participen o brinden su apoyo países como China, Brasil y Venezuela.

 

El tercer factor puede ser el más importante. Algunos inversionistas extranjeros han declarado en privado que la campaña de corrupción que se desarrolla en la Isla se ha convertido en un factor de inseguridad. Muchos de ellos expresan sus dudas y temores ante el hecho de que al tiempo que el régimen les impone un “gerente cubano”, al tiempo resulta que dicho “gerente” se ve envuelto en una investigación contra la corrupción, con el consiguiente proceso de congelación de cuentas y paralización de operaciones. Lo peor, sin embargo, es que estos inversionistas ven que esta campaña contra la corrupción es también un ajuste de cuentas, en que ciertos negocios en manos de determinados grupos, familias o miembros de la elite gobernante son favorecidos o perjudicados. Una especie de lucha entre familias mafiosas.

 

Mientras este panorama no se modifique, hay razones para dudar de la efectividad de cualquier cambio a favor de apoyar la inversión extranjera en la Isla.

 

 

Sin pausa, pero con prisa

Dimas Castellanos

2 de abril de 2014

 

La nueva ley de inversiones, ¿va a dejar fuera a los cubanos residentes en el extranjero? ¿Y contempla a los residentes en la Isla?

 

Con el tiempo en contra, a los múltiples fracasos por recuperar la economía nacional se han unido la inminente pérdida de las subvenciones de Venezuela y la escasa disposición del capital extranjero para invertir en la Isla. La conjunción de esos hechos ha obligado al Gobierno a la introducción de nuevos cambios y a sustituir —sin declararlo— el contraproducente lema “Sin prisa pero sin pausa” por el contrario: “Con prisa y sin pausa”.

 

Como el marco legal para la inversión en Cuba es atípico para empresas que operan con economías de mercado, ante el  nulo efecto que tuvo el Decreto Ley de septiembre de 2013 (mediante el cual se aprobó la Zona Especial de Desarrollo Mariel con el objetivo de atraer la inversión foránea), la necesidad de hacer evidente la disposición al cambio ha conducido, con evidente prisa, a la sustitución de la Ley 77 de Inversiones Extranjeras de 1995 por otra más moderna, flexible y transparente. Una decisión que estaba pendiente desde el año 2012 y que, por tanto, debió tomarse antes de iniciarse la obra del puerto de Mariel y no ahora.

 

A partir de mediados del presente mes de marzo se efectuaron cinco reuniones regionales en las que participaron diputados de todas las provincias, especialistas, funcionarios de los gobiernos municipales y provinciales, representantes de las consultorías jurídicas internacionales y asesores de empresas. En una carrera maratónica entre el sábado 15 y el miércoles 19 del citado mes, en cada una de esas reuniones el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, explicó la política aprobada por el Consejo de Ministros para la redacción del Anteproyecto. A la vez, la prensa oficial dedicó grandes espacios a los reportes, comentarios y entrevistas relacionadas con el tema.

 

La nueva legislación, orientada  a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, la modernización, la creación de infraestructuras y al cambio de patrones tecnológicos, reforzará las garantías a los inversionistas, permitirá el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, la creación de una carpeta de inversiones, la bonificaciones impositivas, excepciones totales en determinadas circunstancias y mayor flexibilidad en materia aduanal, sin que el país renuncie a su soberanía ni al socialismo. Es decir, sin “concesiones ni retrocesos”.

 

A pesar de los aspectos positivos, todo indica que las autoridades cubanas, atadas a la mentalidad que predominó durante el último medio siglo, han determinado que el Anteproyecto en “discusión” emerja preñado de limitaciones y contradicciones.

 

Entre muchas de las limitaciones, uno de los problemas consiste en definir si se brinda o no participación a los cubanos residentes en el exterior; un derecho que nunca se debió prohibir y que resulta una justa reivindicación. Una segunda parte de este problema consiste en si ese derecho se hará extensible a los cubanos residentes en el país. Pues si injusta e injustificada resulta la exclusión de los cubanos como ha ocurrido hasta ahora, sería absurdo y contradictorio que se acepte a los que residen fuera de la Isla y se mantenga en exclusión a los de adentro.

 

Muchos indicios conducen a pensar que ocurrirá esto último. Es decir, que la Ley conservará el excluyente apellido de “Extranjera” para las inversiones, con la inclusión de los cubanos residentes en el exterior. De ser así, su título pudiera ser “Ley de Inversiones para todos, menos para los cubanos que no optaron por irse del país”.

 

De ocurrir así, lo anterior convertiría a la nueva Ley en una inaceptable violación de la Constitución vigente, la que en su artículo 14 reza: “la economía se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción”. Es decir, ese pueblo, supuesto propietario, queda excluido por razones de ubicación geográfica del derecho de participar en el proceso inversionista de su país, algo ajeno al derecho, a la cultura occidental de la cual somos parte y contrario a la dignidad humana.

 

Además, se trataría de una decisión sin previa consulta al supuesto dueño, al soberano, para conocer si está dispuesto a renunciar a ese derecho constitucional y limitarse a servir como mano de obra.

 

Según el enciclopedista francés Juan Jacobo Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, un poder que se ejerce en nombre del pueblo, pero en Cuba, a ese soberano, previamente limitado a realizar por cuenta propia un listado de actividades casi todas de servicio (carpintero, forrador de botones, desmochador de cocos, carretilleros o vendedores de dulces), se les impide participar como empresarios en pequeñas y medianas empresas.

 

Como puede verse, la nueva ley corrige algunos de los absurdos que han espantado a los inversionistas del suelo cubano, pero a la vez, presenta nuevas contradicciones que lastrarán sus posibles resultados. Si se aprueba en la forma reseñada, la misma será, una vez más, la negación del concepto martiano que falsamente enarbola el Gobierno, pues para Martí el concepto de República era estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba.

 

En la realidad, Cuba es el único país de la región donde sus habitantes carecen de un derecho tan elemental como el de participar, en calidad de sujeto en las actividades económicas de su país, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional. Ojalá que, sin pausa, pero con suficiente prisa, se rectifique una arbitrariedad que conduciría a nuevos fracasos, ahora que el tiempo para los cambios está agotado y el contexto nacional e internacional les son adversos.

CNN: ¿Quién se atreve invertir en Cuba?

La nueva ley del “capitalismo castrista”

Luis Cino Álvarez

2 de abril de 2014

 

Donde los cubanos solo tienen derecho a ser explotados por extranjeros y generales

 

La nueva Ley de la Inversión Extranjera es el más reciente episodio de la saga de la supervivencia castrista: como la disparatada economía cubana va de mal en peor, necesitan desesperadamente del capital foráneo.

 

El megapuerto y zona franca de Mariel no ha atraído la cantidad de inversionistas extranjeros que –no se sabe por qué– los mandarines esperaban que acudieran como moscas al pastel. En el área caribeña y centroamericana hay instalaciones similares, tal vez no tan grandes y modernas y con una mano de obra tan barata e inerme, pero más ventajosas en cuanto a confiabilidad.

 

Las perspectivas de Mariel, al menos mientras esté vigente el embargo norteamericano y las sanciones a los barcos que toquen puertos cubanos, parecen a largo plazo. Y ese tipo de plazos, con muchos riesgos incluidos además, no suele ser del gusto de los inversionistas. Algo que no han aprendido los mandarines en sus tratos con los capitalistas.

 

Tampoco han logrado quitarse la bien ganada fama –con su corralito a la cañona y su muy peculiar campaña contra la corrupción– de ser malas pagas y poco serios con los ingenuos que caen en la trampa de ser partners suyos. De ahí la nueva ley, más flexible y atractiva.

 

Va y tiene éxito. Lo cierto es que cada vez el castrismo se mueve en un rumbo más próximo al capitalismo. Sólo que lo hace hacia el peor, uno en el que los trabajadores no tienen provecho ni derecho a nada que no sea producir para la consolidación del aparato burocrático-partidista-militar.

 

Los beneficiarios de estas movidas proto-capitalistas serán los miembros de la nomenclatura, (aparatchiks, altos militares y sus parientes), en vías se transformarse en una casta gerencial.

 

Todo indica que, como ocurrió en Rusia, el régimen no se desvanecerá y desplomará en el vacío, sino que su burocracia y sus generales impondrán un capitalismo a su modo y conveniencia.

 

La mala noticia para esta casta es que posiblemente, en lo económico, las ganancias no serán tan grandes como esperan.

 

El capitalismo de estado resultante del post-castrismo, al conformarse a partir de las ineficientes megaempresas estatales, será oligopólico y monopolista. Pocas de esas empresas reconvertidas serán viables en el muy competitivo mercado mundial, donde lograrán ubicar muy pocas de sus producciones. Por tanto, para acumular capital, tendrán que recurrir a congelamientos de salarios, despidos masivos, cierres de fábricas y otras linduras del “capitalismo salvaje en crisis” que tanto critican en Granma, Mesa Redonda y el NTV.

 

Desgraciadamente, la noticia, peor que para la casta de miembros de la nomenclatura que se reconvierten en burgueses, lo será para el pueblo que explota. Pero no es irremediable. En definitiva, de ese pueblo, y no de los inversionistas extranjeros, dependerá que los mandarines se salgan o no con las suyas.

 

luicino2012@gmail.com

La libertad y una lámpara fundida

Raúl Rivero

6 de abril de 2014

 

Cuando entre en vigor la Ley de Inversión Extranjera en Cuba, dentro de tres meses, es previsible que las limosnas que prodiguen los nuevos amos alcancen para que otro pequeño grupo de ciudadanos se considere parte de los privilegiados por los cambios que el gobierno y su servidumbre han anunciado como una máquina del tiempo para actualizar el socialismo real.

 

En efecto. La presencia en la isla de numerosas empresas de otros países, equipadas con alta tecnología, que deberán trabajar en diversos sectores de la destartalada economía criolla, necesitarán de la mano de obra de hombres y mujeres que ahora mismo sobreviven en el insondable y vaporoso mundo laboral cubano conocido en la calle como el invento.

 

Con unas leves transformaciones en las vidas cotidianas de esas personas seleccionadas para esta aventura del grupo de poder se acaba la llovizna de bondades que la ley puede llevar a la enmarañada y pobre sociedad cubana. No hay nada más para quienes almorzar es un milagro y la libertad es una palabra con alma de lámpara fundida.

 

Todo lo bueno, lo beneficioso y útil que producirá el articulado aprobado por la eterna unanimidad de la Asamblea Nacional del Poder Popular está destinado al futuro de una extraña pareja: una manada de atildados, despiertos y correctos inversionistas extranjeros y los representantes de una dictadura militar.

 

Es ese matrimonio el triunfador. Son ellos los ganadores. Unos se llevarán a sus naciones las ganancias de sus inversiones y se harán más ricos. Y los otros, los de adentro, también. Con la ventaja de que ese dinero, esos recursos que obtendrán con el apoyo de los capitalistas foráneos, les servirá para mantenerse al mando en nombre del socialismo.

 

La ley se ha recibido en el exterior con la clave aperturista y confiable que le quiso imprimir el gobierno cubano. A muchos de los potenciales inversores la ambición y el alborozo les ha borrado de la memoria los conflictos históricos de otros empresarios con sus anfitriones del Caribe y el resguardo de la esencia politica de los socios que negocian con el carné del partido comunista traspapelado entre los documentos que firman.

 

La necesidad, la penuria y el conflictivo escenario de sus compadres en el hemisferio, Nicolás Maduro y sus amigos, han obligado al régimen a dar, al menos en el lenguaje jurídico, más facilidades y garantías a los que deben llevar el dinero para ayudarlo a conseguir la perpetuidad, que es una realidad para los más viejos y un sueño para los herederos de las nuevas generaciones.

 

La maniobra ha hecho que la oposición pacífica, las Damas de Blanco y el periodismo independiente pierdan algunos amigos y aliados en Europa. Pero ellos siguen en Cuba porque quieren devolverle su contenido a la palabra libertad.

¿Invertir en Cuba?

Roberto Álvarez Quiñones

7 de abril de 2014

 

Saca a los cubanos de la inversión en su país y pretende emular a otros países latinoamericanos en sus índices de inversión extranjera. ¿Qué garantías brinda el régimen a un capitalista de verdad?

 

Cuando leí  las primeras informaciones sobre la nueva Ley de Inversión Extranjera me acordé de un cuento de Pepito. La maestra  les  pregunta a varios alumnos qué quieren ser cuando sean adultos. “Yo, médico”, dice uno. “Ingeniero”, dice otro. “A ver, Pepito, ¿y tú qué quieres ser?”;  “Extranjero, maestra”.

 

Y es que en la Isla  rinde más beneficios ser extranjero que cubano. Lo peor es cómo el régimen  justifica semejante aberración. Según el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión  Extranjera, los cubanos residentes en la Isla no pueden invertir en el país porque carecen de capital.

 

Una sequía financiera  que se precipitó sobre la Isla el 13 de octubre de 1960, cuando el actual gobierno marxista-leninista  confiscó y estatizó todas las empresas grandes, las  medianas y  los bancos de la nación, y que se tornó asfixiante desde el 13 de marzo de 1968 con la estatización o desaparición  de los 57.280 pequeños negocios  que aún funcionaban.

 

Si nos atenemos a la semántica de la lengua española,  la explicación del ministerio citado  significa que ahora con esta nueva  ley si  los cubanos en la Isla tuviesen capital, o lo consiguiesen,  podrían invertirlo.

 

¿Puede un cubano residente en Marianao  montar una pequeña fábrica de hacer muebles, o de zapatos,  o adquirir camiones para transportar productos agrícolas  si tiene familiares en España, digamos, que le puedan prestar dinero  o conseguirle un préstamo bancario?

 

No puede.  Los “Lineamientos” del VI Congreso del Partido Comunista establecen: “No se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas (negocios privados) o naturales” (individuos). O sea, en Cuba está prohibido crear capital nacional.  Excluyendo al de Corea del Norte,  no hay en el mundo otro gobierno que  impida a sus ciudadanos crear riquezas, acumular capital y progresar.

 

Uno de los factores que hizo inviable el experimento social diseñado por Carlos Marx fue que este ignoró a Adam Smith, el fundador de la economía política moderna.  En La riqueza de las naciones (1776), el economista escocés escribió: “Es solo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en apoyo a la industria (…) En esto está, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible para alcanzar un fin que no formaba parte de su intención (…) Al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente desea hacerlo”.

 

O sea, por instinto natural todos los seres humanos buscamos un claro beneficio personal, pero a medida que lo logramos automáticamente se beneficia toda la sociedad.  La riqueza material de una nación no es más que la sumatoria de las riquezas creadas por los individuos. Para decirlo con palabras del sabio griego Arquímedes, el sector privado es la palanca que mueve la economía, al menos en este planeta.

 

¿Tan cubana como las palmas?

 

Al prohibir a los cubanos crear riquezas libremente, la revolución tan “cubana como las palmas”, como la calificaba Fidel Castro, es lo más anticubano, discriminatorio, y antipatriótico que ha existido nunca en la historia de la República.

 

El ministro cubano del ramo, Rodrigo Malmierca,  hizo aún más evidente el enfermizo desprecio castrista por el pueblo cubano y su bienestar al declarar: “Cuba no irá a buscar inversión extranjera a Miami. La ley no lo prohíbe, la política no lo promueve”.

 

Lo primero que hicieron China y Vietnam cuando se despojaron de sus dogmas y musarañas ideológicas marxistas e iniciaron reformas económicas de mercado fue, no solo abrir las puertas sin trucos al capital foráneo, sino estimular  la inversión directa de sus ciudadanos residentes en el extranjero y sus descendientes.

 

Y en ambos países ha mejorado ostensiblemente el nivel de vida de la gente. China es hoy la segunda economía más grande del mundo. Y la de Vietnam se expande a un ritmo superior al del resto de las naciones asiáticas, gracias a que ya no sigue las “enseñanzas de Ho Chi Minh”.  En 2013 ese país recibió más de 20.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas (IED).

 

El régimen cubano ha adelantado que quiere captar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales.  Probablemente esa cifra surgió de un vistazo a las estadísticas de la CEPAL sobre la IED en Latinoamérica, sobre todo los capitales captados por países más pequeños que Cuba en población. Panamá  en 2012 recibió 3.020 millones; Costa Rica, 2.265 millones; y Uruguay, 2.710 millones. El promedio para esos tres países fue de 2.665 millones, y eso encaja con el deseo de los Castro.

 

Pero no se fijaron en un “detalle”:  Venezuela, con 30 millones de habitantes, recibió 3.216 millones,  para un per cápita de 107 dólares, en vez de los casi 800 dólares per cápita de Panamá. Y Perú, con igual población que la venezolana, captó 12.240 millones, cuatro veces más que Venezuela con su populismo socializante.

 

Por cierto, Chile  en 2012 obtuvo 30.323 millones de IED, para un per cápita de 1.742 dólares. Y los empresarios chilenos invirtieron en el extranjero 21.090 millones de dólares. O sea, el país más liberal de Latinoamérica ya es gran exportador de capitales.  Y ojo, Cuba y Chile en 1958 tenían economías de igual tamaño y un ingreso per cápita casi idéntico.

 

No captarán capitales

 

No creo que Cuba pueda obtener siquiera la  décima parte de los capitales captados anualmente por Panamá  mientras gobiernen los Castro. El capital no tiene ideología y va a donde se cumplen al menos tres condiciones: garantías legales a la propiedad y la operatividad de la compañía, seguridad de que obtendrá un rápido retorno en ingresos que cubran el monto de la inversión realizada, y la existencia de un mercado, interno o externo,  que prometa buenas ganancias . El régimen no ofrece ninguna de ellas.

 

Además, el mayor emisor de IED en Latinoamérica es Estados Unidos y mientras el castrismo continúe pisoteando los derechos humanos y no conceda libertad económica y política a sus ciudadanos, el embargo de EEUU seguirá  vigente. Ni  capitales estadounidenses, ni cubanoamericanos irán a la Isla.

 

Ante el peligro de perder los subsidios venezolanos, nada hace La Habana con reducir los impuestos al capital extranjero si el país no tiene credibilidad alguna en el mundo financiero y empresarial internacional. No paga ni los intereses de su enorme deuda comercial externa y, encima, periódicamente deja de pagar a los inversionistas en territorio cubano. La credibilidad solo se logra jugando limpio, con leyes que protejan realmente al capital extranjero contra las arbitrariedades de la nomenklatura comunista, a la cual, para colmo, está obligado a  asociarse todo inversionista foráneo.

 

Por último, Cuba no tiene un mercado interno y encima cuenta con dos monedas. Una de ellas, con la que se pagan los salarios, no vale nada, y la masa circulante de pesos convertibles (CUC) es insuficiente. O sea, si un inversionista extranjero produjese arroz solo obtendría ganancias suficientes si lo exporta, o se lo vende al Estado en moneda extranjera. ¿Qué gana el país con este reciclaje, salvo quizás pagar un precio más bajo que si lo importa de Vietnam o China?

 

Por eso es bueno recomendarle a la cúpula castrista que no se haga ilusiones. Los capitalistas de verdad no se chupan el dedo.

 

 

Una ley con espacios oscuros

Fernando Dámaso Fernández

7 de abril de 2014

 

La Ley de la Inversión Extranjera, debatida y aprobada por la Asamblea Nacional en Sesión Extraordinaria, tiene algunos aspectos preocupantes, tanto para los inversionistas extranjeros como para los ciudadanos cubanos.

 

Parece ser que los inversionistas cubanos residentes en otros países no están incluidos, ya que la definición de inversionista nacional contempla sólo a las personas jurídicas de nacionalidad cubana con domicilio en el territorio nacional, así como a las cooperativas, como forma de gestión no estatal que cuenta con personalidad jurídica, que pueden ser inversionistas nacionales en un proyecto con capital extranjero, todo bajo el control del Estado para evitar la acumulación excesiva de riqueza. Cuando en la mayoría de los países la prioridad para la inversión la tienen, en primer lugar, los nacionales residentes, en segundo, los nacionales residentes en el exterior y sólo después los extranjeros, en Cuba es al revés: la máxima prioridad la tienen los extranjeros. Y después hay que escuchar cómo las autoridades no se cansan de autoproclamarse defensoras de la dignidad nacional, la independencia y la soberanía.

 

El planteamiento de que las inversiones de los inversionistas no podrán ser expropiadas, salvo por motivos de utilidad pública o interés social, previamente declarado por el Consejo de Ministros, da que pensar. Esto está establecido así en la mayoría de los países, lo que sucede es que en ellos, para que se materialice, debe ser discutido y aprobado por el poder legislativo (Cámara de Representantes, Senado, Parlamento o Asamblea Nacional), donde participan en igualdad de condiciones, tanto los representantes del gobierno como de la oposición con criterios diferentes, y después sancionado por el Poder Judicial, para asegurar que no viole la Constitución, algo que no sucede en Cuba, dónde la Asamblea Nacional está constituida sólo por diputados oficialistas, sin ninguna representación opositora y dónde, como método, se practica la aprobación unánime de todo lo que propone el Gobierno, además de que el Poder Judicial es un simple apéndice gubernamental, sin ningún tipo de independencia. En realidad, el inversionista, a pesar de lo escrito, carece de protección y seguridad jurídica y queda en manos de la decisión de un poder centralizado en la figura de su presidente quien, por motivos políticos, ideológicos o coyunturales, puede actuar a su libre albedrío, sin contar con nadie, como ha sucedido repetidas veces en estos últimos cincuenta y seis años.

 

Sobre el régimen laboral de los ciudadanos cubanos, se plantea que la contratación el inversionista debe realizarla a través de una entidad empleadora propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el pago a los trabajadores se realizará por mutuo acuerdo entre el inversionista y la entidad empleadora. Como se ve, ninguno de los dos actos se produce entre el inversionista y el trabajador directamente, sino a través de este intermediario estatal el cual, aunque se declara que no tiene fines recaudatorios, se plantea que se quedará con una parte del salario que paga el inversionista, para cubrir sus costos y gastos por el servicio que brinda. Como es fácil de suponer, entre lo que paga el inversionista y lo que recibe el trabajador existirán notables diferencias, pues el pago al mismo se realizará a partir de un salario mínimo establecido por la entidad empleadora, que se plantea será superior al establecido para el resto de los trabajadores del país, más un coeficiente que permitirá a ésta pagarlo en correspondencia con el aporte del trabajador. La triste experiencia acumulada con el pago que reciben los médicos, maestros, deportistas y otros profesionales que prestan servicios en otros países mediante contratos gubernamentales, es más que demostrativa.

 

Tal vez hubiera sido más provechoso haber elaborado una Ley de Inversiones, que incluyera la Inversión Estatal (necesitada de regulaciones ante tanto mal empleo de los recursos durante años) y la Inversión Privada, dividiendo esta última en Inversión Extranjera e Inversión Nacional. Al regular la Inversión Nacional, se contemplaría la inversión de los cubanos residentes en el país y la de los residentes en el exterior, ya que cómo estos últimos actualmente necesitan del Pasaporte Cubano para entrar y salir del país, son también legalmente ciudadanos cubanos.

 

Esta Ley, como la anterior, no está libre del lastre de conceptos obsoletos del fracasado socialismo, con el objetivo de asegurar el papel preponderante del Estado, carece de la suficiente transparencia cómo para estimular realmente la inversión extranjera y tiene algunas trampas, en las cuales pueden caer quienes, festinadamente, apuesten por ella.

Inversión extranjera sin libre sindicalización

Dimas Castellanos

14 de abril de 2014

 

La ausencia de libertades tan elementales como la libre sindicalización y la libre contratación constituye un retroceso respecto a lo que el movimiento obrero logró hasta la primera mitad del siglo XX.

 

El artículo “Ley dentro de mi casa”, publicado el miércoles 2 de abril en el diario Granma, reconoce que el desarrollo de la economía cubana requiere de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha sido imposible lograr con las reformas implementadas. De ese fracaso el articulista deduce la necesidad de inyectar capital foráneo. Sin embargo, las múltiples limitaciones contenidas en la recién aprobada Ley de Inversiones Extranjeras, entre ellas la referida a la libre sindicalización, anulan  dicho propósito.

 

El proceso recorrido por la libertad sindical en Cuba comenzó en la colonia con la Ley General de Asociaciones de 1888 y continuó en la República con la promulgación de varias legislaciones obreras. Entre ellas destaca la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar. Pero su máxima expresión fue el Decreto Ley 798 de abril de 1938 cuyo contenido se recogió en la Carta Magna de 1940: “el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, el sistema de contratos colectivos de trabajo y estipuló que los problemas derivados de las relaciones entre el capital y el trabajo serían sometidos a comisiones de conciliación integradas por representaciones de patronos y obreros”. Con ella los logros legislativos asumieron rango constitucional.

 

El principio de libertad sindical –unión de los derechos de libertad y de asociación– consiste en el derecho que tienen trabajadores y patronos para fundar sindicatos sin autorización previa. Ese principio se consagró en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se reguló en el Convenio 87 de esa institución. Por su relevancia y naturaleza jurídica, la libertad sindical está incorporada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la  Convención Europea de Derechos Humanos. En el caso particular de Cuba, alcanzó rango constitucional desde 1940.

 

Las diferentes legislaciones laborales emitidas en Cuba después de 1959 se resumieron en la Ley 49 de Código de Trabajo de 1984, cuyo artículo 3, inciso e) declara que  “todo trabajador, acorde con la legislación vigente, tiene derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos”. Mientras el Artículo 13 reconoce a “todos los trabajadores, tanto manuales como intelectuales, tienen el derecho, sin necesidad de autorización previa, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales”.

 

Sin embargo, esos preceptos, en correspondencia con los principios de la OIT y con la historia del derecho laboral cubano, son pura declaración. Los mismos nacieron supeditados al artículo 7 de la Constitución vigente, el cual dispone que el Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, “surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo” y, por tanto, anula el derecho a “asociarse voluntariamente y constituir sindicatos” como estipula el Código de Trabajo de 1984.

 

Con el objetivo de actualizar el Código de 1984, entre el 20 de julio y 15 de octubre del 2013 se sometió a consulta un nuevo Anteproyecto que incluye a los trabajadores por cuenta propia pero no autoriza la libertad sindical; no recoge el derecho a huelga como se reconoce en los instrumentos jurídicos de la OIT y se refrendó en la Constitución de 1940; no reconoce el derecho de los trabajadores para negociar directamente el salario con los empleadores extranjeros, lo que implica una doble explotación por la agencia empleadora y por la empresa extranjera.

 

Respecto al salario mínimo lo aprueba el Consejo de  Ministros, en vez de establecerse entre trabajadores, empleadores y Gobierno. Por ejemplo laConstitución de 1940, en el artículo 61, planteaba que: “La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola”.

 

El Anteproyecto mencionado fue discutido en 69.056 asambleas con la participación de 2.802.459 trabajadores. Dos meses después, fue aprobado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y convertido en Ley. Finalmente se creó una comisión de estilo para la redacción final y su publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento dicho Código constituye un misterio. Lo más sintomático es que en ningún momento del debate de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras se mencionó nada relativo a dicho Código ni la CTC ha realizado ninguna reclamación al respecto. Sencillamente se esfumó.

 

Por tanto el Anteproyecto de Código de Trabajo en materia de derechos sindicales se sitúa de espaldas a lo estipulado por la OIT, de la cual Cuba fue miembro fundador en 1919 y es firmante de 76 de los convenios laborales de esa institución, incluyendo el Convenio 87 sobre la libertad sindical.

 

En ese estado de indefensión se aprobó la nueva Ley de Inversiones, en la que los cubanos no solo están excluidos de participar como inversionistas, sino que como trabajadores carecen del derecho de crear sindicatos independientes y, por tanto, entran a una relación laboral en total desventaja al no poder contratarse libremente. Una violación tan abusiva que, si existieran verdaderos sindicatos, podría llevarse ante el Comité de Libertad Sindical, creado por la OIT en 1951 para examinar los alegatos sobre violaciones a los derechos de organización de trabajadores y empleadores.

 

Por lo anterior, tanto el Código de Trabajo de 1984 como su sustituto, el aprobado y esfumado en 2013, representan un retroceso en materia laboral respecto a lo que el movimiento obrero había logrado en sus luchas desde la Colonia hasta la primera mitad del siglo pasado.

 

En esas condiciones, cuando está demostrado el papel que desempeñan los derechos y libertades en la economía y en el desarrollo social en general, la ausencia de libertades tan elementales como la libre sindicalización y la contratación libre de la fuerza de trabajo son obstáculos suficientes para augurar el fracaso en el propósito de atraer miles de millones de dólares para sacar la economía cubana del estancamiento en que se encuentra.

Los salarios de Mariel: una buena y muchas malas

Dimas Castellanos

21 de abril de 2014

 

El Estado se apropiará de al menos dos terceras partes de lo pagado a cada trabajador

 

Según la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, los trabajadores cubanos serán contratados por una entidad empleadora. Si a ello se agrega que la única organización sindical permitida representa los intereses del Estado, estamos ante unas relaciones capitalistas donde los trabajadores no tienen quien los defienda. Aunque esa situación era conocida, la información brindada por la directora general de la oficina reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) no deja de sorprender. Veamos:

 

Lo primero consiste en que los trabajadores de la ZEDM recibirán el 80 % de los ingresos pactados entre las agencia empleadora y los inversionistas. Lo segundo es que el pago se efectuará en pesos cubanos (CUP), por lo cual para satisfacer casi todas sus necesidades tendrán que convertirlos en pesos convertibles (CUC). Lo tercero radica en que la parte del trabajador equivalente en CUC no se le pagará de acuerdo a la tasa de cambio oficial de 1 x 24, sino con una tasa especial de 1 x10.

 

Lo primero resulta relativamente bueno, pues hasta ahora los trabajadores cubanos alquilados a empresarios o países nunca recibieron 4/5 partes de lo pactado por sus servicios. Lo segundo es malo. Supongamos lo siguiente: un empresario extranjero paga mil dólares al mes por los servicios de un técnico electricista; la agencia empleadora convierte los dólares en 1000 CUC, de los cuales al técnico electricista le corresponden 800. Con esa suma de dinero, fruto de su trabajo, el técnico podría iniciar una vida decorosa sin necesidad de “luchar” o “inventar” para sobrevivir. Lo tercero es lo peor, pues con la tasa especial de 1 CUC  por 10 pesos, los 800 se le convierten en 333 CUC. Al final el Estado se apropia de las dos terceras partes de los mil dólares recibidos. De tal forma el trabajador resulta perjudicado por el foráneo, pero sobre todo por el nacional.

 

En este punto, para su defensa le quedaría al trabajador lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de la Inversiones Extranjeras, el cual plantea que en el proceso inversionista “se cumple la legislación laboral y de seguridad social vigente en la República de Cuba”. Pero resulta que la legislación laboral, contenida en la Ley del Código de Trabajo, aprobada el 29 de diciembre de 2013, a pesar de constituir un paso atrás en relación a la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 (aprobada para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar), de todas formas al estar desaparecida, no se puede saber exactamente cuál es su contenido.

 

La desproporción entre el monto de los salarios y el costo de la vida en Cuba tiene su causa principal en las décadas de socialismo totalitario, especialmente a partir de 1989, cuando el aumento de los precios comenzó a crecer mucho más rápido que los aumentos salariales, hasta desembocar en la actual crisis, una de cuyas manifestaciones —la de mayor impacto negativo— es la insuficiencia salarial. Ese problema es tan preocupante para los trabajadores cubanos, que una entrevista publicada en Granma el 27 de abril, Carmen Rosa López, quien en ese momento se encontraba al frente de la preparación del XX Congreso de la CTC, expresó: “en todos los procesos de análisis efectuados este año son recurrentes los planteamientos de los asambleístas respecto al salario”. Ello demuestra que los objetivos de los organizadores andaba por un rumbo y la preocupación de los asalariados por otro.

 

La Constitución de 1940 en su artículo 61 refrendó lo siguiente: “La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola”.Hoy por hoy, los trabajadores no sólo no participan en su confección sino que se desconoce cuál es su monto. Por definición el salario mínimo es aquel que delimita la pobreza de lo necesario para subsistir. Desde esa definición la mayoría de los salarios en Cuba, al ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, se encuentran por debajo de lo que debe ser un salario mínimo. Esa anomalía ha obligado a buscar el complemento fuera de la relación salarial —casi siempre al margen de la ley— y obliga a los cubanos al desplazamiento constante de un lugar a otro, de una actividad a otra y de una profesión a otra, sin importar vocación ni formación.

 

La prensa oficial ha subrayado que se crearán miles de puestos de trabajo con salarios muy superiores al actual promedio mensual de 20 CUC. En cualquier región del mundo, dicho anuncio generaría un movimiento de reclamos sindicales. En el caso de los trabajadores cubanos, desarmados de espacios e instituciones que los defiendan, el descontento se manifiesta en privado. A la vez, esos mismos trabajadores se ponen a disposición de la agencia empleadora, pues a fin de cuentas, a pesar de lo abusiva y burlesca, la nueva norma le permite recibir un salario superior a la media nacional.

 

A lo anterior hay que añadir que una de las principales preocupaciones de los inversionistas extranjeros es contar con trabajadores eficientes, para lo cual les conviene que reciban un salario capaz de motivarlos y despertar el interés por los resultados de su actividad. Así, la forma de pago anunciada puede actuar en contra del objetivo de atraer a los inversionistas foráneos. Para ello se debería cambiar la proporción de “una buena y muchas malas”, por la de “una mala y muchas buenas”, pues pedir que todas sean buenas, es pedir peras al olmo.

Advierten a potenciales inversionistas en Cuba

 

Peter Kent, ex ministro de Asuntos Exteriores para las Américas de Canadá, desmiente la seguridad y las garantías que ofrece la nueva Ley de Inversión Extranjera de Cuba, poniendo como ejemplo al inversionista Cy Tokmakjian, que fue despojado de sus empresas por el Gobierno de Cuba, y hecho prisionero

 

El parlamentario canadiense Peter Kent advierte en el Huffington Post que la comunidad financiera internacional debería ponderar cuidadosamente las ofertas de inversión que vienen haciendo ministros, diplomáticos y funcionarios comerciales cubanos, y reparar en que uno de sus pares, el canadiense Cy Tokmakjian, sigue esperando juicio en Cuba desde septiembre de 2011, cuando fue detenido y encarcelado.

 

Según esos emisarios, un nuevo día de oportunidades está amaneciendo para invertir en ese estado comunista escaso de divisas, luego de la aprobación de una ley que promete jugosos cortes o exenciones de impuestos, y garantías para la seguridad de la inversión extranjera.

 

Kent cuestiona tal seguridad y presenta un ejemplo –”entre muchos”, dice— en el caso del presidente y Ejecutivo Principal de Grupo Tokmakjian, a quien conoció como parlamentario por Toronto y como ministro de Asuntos Exteriores para las Américas. En septiembre pasado, lo visitó en la prisión cubana La Condesa.

 

Allí ha permanecido por dos años y medio el empresario de 73 años, después de ser blanco, según el autor, de una “selectiva campaña anticorrupción” lanzada por Raúl Castro; eso, a pesar de que su hermano Fidel había elogiado la integridad de Tokmakjian y sus contribuciones a la economía cubana.

 

Grupo Tokmakjian –afirma el actual presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de los Comunes de Canadá– era la segunda mayor inversión privada canadiense en Cuba, tras la de la corporación minera Sherrit.

 

Ahora las propiedades personales y las del negocio de Tokmakjian, valoradas en más de 90 millones de dólares, han sido confiscadas por las autoridades cubanas, que además han sugerido a representantes de la compañía que si envían unos millones más a Cuba, la sentencia contra el directivo podría resultar menos severa.

 

Revela el autor que en las últimas semanas la fiscalía cubana presentó por fin cargos formales contra el prisionero. Kent señala, citando al equipo internacional de abogados de Tokmakjian, que los cargos son o bien distorsiones o falsas representaciones de la práctica normal de negocios por parte de empresarios extranjeros en Cuba.

 

Según arguye la defensa, las acusaciones de soborno incluyen incentivos básicos a la productividad del personal, bonificaciones, cenas y boletos para espectáculos como reconocimiento al buen rendimiento; y las de de evasión de impuestos ignoran los tratados sobre el tema, las opiniones de expertos y las propias regulaciones tributarias cubanas.

 

Kent recomienda a la comunidad financiera internacional considerar asimismo cómo la cruzada anti-corrupción del Ministero del Interior cubano barrió también con otros ejecutivos de negocios extranjeros, como el británico Stephen Purvis o el francés Jean Louis Autret. Estos dos –dice– han sido puestos en libertad para contar sus relatos de horror, pero sus propiedades también fueron confiscadas por el Gobierno de Cuba. El periodista de CNN en Español Xavier Serbiá dedicó un reportaje al caso de Purvis.

 

Termina diciendo Peter Kent que las historias de Purvis y Autret, como la de Tokmakjian, han generado un clima de incertidumbre y preocupación entre las compañías extranjeras que tienen inversiones en Cuba: sus respetables directivos, por más tentadora que parezca la nueva legislación de inversiones aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, podrían correr idéntica suerte, a manos de algún agresivo investigador anticapitalista del Ministerio del Interior.

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Cuba Is Open For Business That Might Land You in Jail

Peter Kent

04/29/2014

 

If word out of Havana is to believed --relayed aggressively in recent weeks by Cuban diplomats and trade emissaries to major investors in financial centers around the world-- a new day of investment opportunities is dawning in the cash-strapped communist state.

 

The sales pitch is driven by a set of new laws passed last month by the Cuban National Assembly.

 

The legislation provides for steep tax cuts and tax exemptions. There are a range of new guarantees of investment security.

 

In short, Cuba is open for business and safe for foreign investors.

 

Reality is at stark odds with the platitudes of the Cuban trade officials and diplomats. One example, of many:

 

Since September 10, 2011 a Canadian citizen,Cy Tokmakjian, President and CEO of the Tokmakjian Group of Companies, has been detained by Cuban authorities.

 

He is one of dozens of Cuban and foreign business executives scooped by anti-corruption investigators of the Cuban Ministry of the Interior (a ministry modeled, in the early years of the Cuban Revolution, on the Soviet KGB and East German Stasi).

 

The Interior Ministry investigations are a direct product of President Raul Castro's selective anti-corruption crusade. It is worth noting, that the only foreign “suspects” in the investigations are almost all European or Canadian business executives; none have come from Cuba's like-minded communist or authoritarian regimes.

 

Cy has been held for more than two-and-a-half years and is still awaiting his day in court. He is 73 years old, in frail health and held in La Condesa, a crudely austere, walled prison for hardened criminals located in the middle of a sugar cane plantation.

 

His personal assets and those of the business (in excess of $90 million) have been seized by Cuban authorities. It seems no coincidence that Cuba ensured claims made against the Tokmakjian Group exceed the value of seized assets. There have been suggestions to company representatives that additional millions sent from Canada could result in a more “lenient” outcome.

 

Cy is a popular and respected corporate citizen in Canada and, until his incarceration in Cuba in 2011, had operated businesses there for more than 20 years.

 

He was recognized by the Cuban Government --indeed, by former President Fidel Castro-- for his integrity and his contributions to Cuba's economy through various joint ventures and closely-audited partnerships.

 

Throughout his detention, Cy has denied all allegations of wrongdoing.

 

At the same time, Cy has been pressured by the Cuban investigators to sign a variety of “confessions.” His own Interior Ministry-assigned Cuban lawyers are also under great pressure to gain any possible admission of guilt.

 

He has been told, many times, that, if he drops International claims against Cuba or admits to minor “offenses,” he would have a lenient trial and be released immediately.

 

The Canadian government, since 2011, has regularly requested that the Cuban government specify precise charges and allow Cy a fair trial, or, that he be released and his seized assets restored.

 

In recent weeks, the Cuban prosecutors finally produced a list of formal charges from original allegations that had been investigated, then abandoned by investigators over the past 2.5 years. The formal charges are considered by Cy's international legal team to be entirely without merit.

 

His lawyers have proposed a witness list of highly credible individuals and organizations to refute what can only be described as distortions and misrepresentations of normal, foreign business practices in Cuba.

 

(for decades past and still today). It is not clear whether these formidable witnesses will be allowed to testify.

 

The Cuban case includes:

 

- allegations of “bribery” that include basic staff productivity incentives, performance bonuses, dinners and entertainment.

- Cuban allegations of “tax evasion” that ignore tax treaties (Barbados/Cuba), ignore Cuba's own tax regulations, and ignore 3 expert tax opinions (Deloitte Forensic, Deloitte Tax, and even a Cuban tax authority)

 

I have known Cy for some years, both as his Member of Parliament for the Toronto area riding of Thornhill and, as Canada's former Minister of State for Foreign Affairs (Americas).

 

And, while Minister, I discussed a wide range of trade and foreign policy issues with Cuban political leaders, diplomats and officials, topics including the then praised partnerships with Tokmakjian Group companies.

 

Although Canada and Cuba do not agree on all bilateral or international issues of any day, our government has worked to address thorny matters such as human rights, the rule of law, and democratic development in Cuba even as we've encouraged Canadian business and industry to work with Cuban partners to help develop the struggling national economy.

 

During my ministerial visit to Cuba in 2010, Cy was characterized as a valued partner by Cuban interlocutors. His companies then represented the second largest Canadian investment in Cuba after the Canadian resource company, Sherritt International.

 

I recall, during Canada's most recent, unsuccessful, campaign for our once-in-a-decade position on the Security Council, the Cuban Ambassador to the UN making a point of advising Latin American and Caribbean diplomats that, while Cuba does not agree with Canada on all issues, Cuba respects the transparent and principled contribution that Canada makes in international fora.

 

I also recall, on the day of the Security Council vote, the Cuban Ambassador actively lobbying for votes on the floor of the General Assembly with our Canadian delegation while some of our closest G7 partners sat on their hands.

 

Those days of honest brokering and principled dispute resolution now seem long gone.

 

I visited Cy in September last year at Cuba's notorious La Condesa Prison outside Havana.

 

His focus then as today: give me my day in court --a fair and complete examination of unfounded allegations as well as consideration of detailed defense rebuttals and expert witnesses.

 

As Cy still awaits a trial date, the international financial community should ponder long and hard the investment blandishments of Cuban ministers, diplomats and trade officials.

 

They might also consider other foreign business executives who were swept up earlier in the Interior Ministry's anti-corruption crusade.

 

Very little internet scouring is required to discover the very similar cautionary tales of people such as Briton Stephen Purvis or French national Jean Louis Autret. Both men are free to tell their respective horror stories...without millions in assets that were seized by Cuba.

 

Their stories, like Cy's, have created a climate of uncertainly and concern among foreign companies that remain invested in Cuba. There but for blind luck, or an aggressive, anti-capitalist investigator from the Interior Ministry, could go many more respectable foreign businessmen.

 

Despite the Cuban National Assembly's tempting new investment legislation.

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José Martí: El que se conforma con una situación de villanía, es su cómplice”.

Mi Bandera 

Al volver de distante ribera,

con el alma enlutada y sombría,

afanoso busqué mi bandera

¡y otra he visto además de la mía!

 

¿Dónde está mi bandera cubana,

la bandera más bella que existe?

¡Desde el buque la vi esta mañana,

y no he visto una cosa más triste..!

 

Con la fe de las almas ausentes,

hoy sostengo con honda energía,

que no deben flotar dos banderas

donde basta con una: ¡La mía!

 

En los campos que hoy son un osario

vio a los bravos batiéndose juntos,

y ella ha sido el honroso sudario

de los pobres guerreros difuntos.

 

Orgullosa lució en la pelea,

sin pueril y romántico alarde;

¡al cubano que en ella no crea

se le debe azotar por cobarde!

 

En el fondo de obscuras prisiones

no escuchó ni la queja más leve,

y sus huellas en otras regiones

son letreros de luz en la nieve...

 

¿No la veis? Mi bandera es aquella

que no ha sido jamás mercenaria,

y en la cual resplandece una estrella,

con más luz cuando más solitaria.

 

Del destierro en el alma la traje

entre tantos recuerdos dispersos,

y he sabido rendirle homenaje

al hacerla flotar en mis versos.

 

Aunque lánguida y triste tremola,

mi ambición es que el sol, con su lumbre,

la ilumine a ella sola, ¡a ella sola!

en el llano, en el mar y en la cumbre.

 

Si desecha en menudos pedazos

llega a ser mi bandera algún día...

¡nuestros muertos alzando los brazos

la sabrán defender todavía!...

 

Bonifacio Byrne (1861-1936)

Poeta cubano, nacido y fallecido en la ciudad de Matanzas, provincia de igual nombre, autor de Mi Bandera

José Martí Pérez:

Con todos, y para el bien de todos

José Martí en Tampa
José Martí en Tampa

Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y no lo ataca; quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado; quienes reciben de él el permiso de vivir.

Escudo de Cuba

Cuando salí de Cuba

Luis Aguilé


Nunca podré morirme,
mi corazón no lo tengo aquí.
Alguien me está esperando,
me está aguardando que vuelva aquí.

Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.

Late y sigue latiendo
porque la tierra vida le da,
pero llegará un día
en que mi mano te alcanzará.

Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.

Una triste tormenta
te está azotando sin descansar
pero el sol de tus hijos
pronto la calma te hará alcanzar.

Cuando salí de Cuba,
dejé mi vida dejé mi amor.
Cuando salí de Cuba,
dejé enterrado mi corazón.

La sociedad cerrada que impuso el castrismo se resquebraja ante continuas innovaciones de las comunicaciones digitales, que permiten a activistas cubanos socializar la información a escala local e internacional.


 

Por si acaso no regreso

Celia Cruz


Por si acaso no regreso,

yo me llevo tu bandera;

lamentando que mis ojos,

liberada no te vieran.

 

Porque tuve que marcharme,

todos pueden comprender;

Yo pensé que en cualquer momento

a tu suelo iba a volver.

 

Pero el tiempo va pasando,

y tu sol sigue llorando.

Las cadenas siguen atando,

pero yo sigo esperando,

y al cielo rezando.

 

Y siempre me sentí dichosa,

de haber nacido entre tus brazos.

Y anunque ya no esté,

de mi corazón te dejo un pedazo-

por si acaso,

por si acaso no regreso.

 

Pronto llegará el momento

que se borre el sufrimiento;

guardaremos los rencores - Dios mío,

y compartiremos todos,

un mismo sentimiento.

 

Aunque el tiempo haya pasado,

con orgullo y dignidad,

tu nombre lo he llevado;

a todo mundo entero,

le he contado tu verdad.

 

Pero, tierra ya no sufras,

corazón no te quebrantes;

no hay mal que dure cien años,

ni mi cuerpo que aguante.

 

Y nunca quize abandonarte,

te llevaba en cada paso;

y quedará mi amor,

para siempre como flor de un regazo -

por si acaso,

por si acaso no regreso.

 

Si acaso no regreso,

me matará el dolor;

Y si no vuelvo a mi tierra,

me muero de dolor.

 

Si acaso no regreso

me matará el dolor;

A esa tierra yo la adoro,

con todo el corazón.

 

Si acaso no regreso,

me matará el dolor;

Tierra mía, tierra linda,

te quiero con amor.

 

Si acaso no regreso

me matará el dolor;

Tanto tiempo sin verla,

me duele el corazón.

 

Si acaso no regreso,

cuando me muera,

que en mi tumba pongan mi bandera.

 

Si acaso no regreso,

y que me entierren con la música,

de mi tierra querida.

 

Si acaso no regreso,

si no regreso recuerden,

que la quise con mi vida.

 

Si acaso no regreso,

ay, me muero de dolor;

me estoy muriendo ya.

 

Me matará el dolor;

me matará el dolor.

Me matará el dolor.

 

Ay, ya me está matando ese dolor,

me matará el dolor.

Siempre te quise y te querré;

me matará el dolor.

Me matará el dolor, me matará el dolor.

me matará el dolor.

 

Si no regreso a esa tierra,

me duele el corazón

De las entrañas desgarradas levantemos un amor inextinguible por la patria sin la que ningún hombre vive feliz, ni el bueno, ni el malo. Allí está, de allí nos llama, se la oye gemir, nos la violan y nos la befan y nos la gangrenan a nuestro ojos, nos corrompen y nos despedazan a la madre de nuestro corazón! ¡Pues alcémonos de una vez, de una arremetida última de los corazones, alcémonos de manera que no corra peligro la libertad en el triunfo, por el desorden o por la torpeza o por la impaciencia en prepararla; alcémonos, para la república verdadera, los que por nuestra pasión por el derecho y por nuestro hábito del trabajo sabremos mantenerla; alcémonos para darle tumba a los héroes cuyo espíritu vaga por el mundo avergonzado y solitario; alcémonos para que algún día tengan tumba nuestros hijos! Y pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante: “Con todos, y para el bien de todos”.

Como expresó Oswaldo Payá Sardiñas en el Parlamento Europeo el 17 de diciembre de 2002, con motivo de otorgársele el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2002, los cubanos “no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad”.