¿POR QUË MIENTE EL DR. ELÍAS CARRANZA,

DIRECTOR DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO

DE NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN

DEL DELITO Y EL TRATO DEL DELINCUENTE

(ILANUD)?

Dr. Elías Carranza

Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes (ILANUD)

Hace un año, el 20 de julio de 2012, le envié al Dr. Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes (ILANUD), el correo que muestro más abajo a la dirección ilanud@ilanud.or.cr, con los artículos de los dos juristas cubanos. Hace casi cinco meses, el 1 de marzo de 2013, se lo volví a enviar a ELIAS@ilanud.or.cr; como el Dr. Elías Carranza continúa sin responderme, procedo a publicarlo.

 

Fecha: viernes, 20 de julio, 2012 19:43

 

Dr. Elías Carranza.

Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes (ILANUD).

 

Estimado Dr. Elías Carranza:

 

Dr. Carranza, como soy un ferviente defensor de la transparencia, le informo que este correo será leído por miles de cubanos y panameños.

 

Nos conocimos hace unos cuatro años en un evento que se realizó en Ciudad de Panamá. Soy el profesor cubano que habló con usted durante un buen rato, y que le preguntó si deseaba asistir a un programa radial; usted aceptó gustosamente y fue entrevistado en el programa Alternativa, producido y dirigido por el Dr. Miguel Antonio Bernal Villalaz, a las 8 de la noche en KW Continente, emisora ubicada en Vía Argentina. Dr. Carranza, le escribo por esta dirección pública de correo, dado que no encuentro su tarjeta de presentación.

 

Dr. Carranza, me sorprendió leer en el principal portal propagandístico del régimen de los hermanos Castro, unas supuestas declaraciones suyas

 

“Carranza: Cuba es el país más seguro de la región

Cuba tiene grandes logros en la reducción de la criminalidad y es el país más seguro de la región, afirmó hoy Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente”.

http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/05/24/carranza-cuba-es-el-pais-mas-seguro-de-la-region/

 

Dr. Carranza, en términos similares se expresó en todos los medios de comunicación de Cuba, que –como usted conoce- están en poder del régimen de los hermanos Castro desde hace más de medio siglo.

 

Dr. Carranza, dudo mucho que usted se haya expresado en esos términos. Desconozco si usted recordará que soy economista y estadístico, pero neófito en Derecho, por lo que procedo a enviarle los artículos de dos abogados cubanos –Miguel Arencibia Daupés es un viejo marxista, mientras que la joven Laritza Diversent no lo es. Por supuesto, estos artículos no son aceptados para su publicación en los medios de comunicación de Cuba, por lo que la inmensa mayoría de los cubanos no pueden enterarse de las denuncias hechas por juristas como estos.

 

Dr. Carranza, espero por sus comentarios.

 

Muchas gracias.

 

Saludos.

 

Profesor Manuel Castro Rodríguez.

Identificación panameña: E-8-91740.

Usted no sabe cuánto siento no poderle dar una identificación cubana, pero ese es uno de los derechos que perdemos los cubanos que vivimos fuera de nuestra patria.

 

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Cuba, ¿el país más seguro de la región?

Laritza Diversent

 

Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes (ILANUD), afirmó en el último encuentro internacional Justicia y Derecho, celebrado en La Habana, que “Cuba tiene grandes logros en la reducción de la criminalidad y es el país más seguro de la región”. Semejante afirmación solo puede hacerla alguien que no reside permanentemente en la Isla.

 

Arnaldo Peña Calzada, y su amigo Orlando Torres Cardero, ambos en prisión, están acusados de traficar con narcóticos, por llevar consigo 31 mil dólares americanos.

 

El pasado 23 de diciembre, Peña Calzada y Torres Cardero intentaron comprar un camión particular en Santiago de Cuba, según narra Ricardo, hermano de Arnaldo. Fueron detenidos e instruidos de cargos, por un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la Unidad de Instrucción y Operaciones Criminales de la oriental provincia.

 

“El dinero lo envió mi hermano José Manuel, que vive en Ecuador, con su amigo, Efrén Rojas Reyes, que también reside temporalmente en ese país”, argumenta Ricardo. En un Estado de Derecho, las pruebas que destruyen la presunción de inocencia corren a cargo del Ministerio Fiscal. En este caso fue diferente.

 

Fueron los familiares los que acreditaron el origen lícito del dinero. Presentaron a las autoridades declaraciones juradas ante notario, del hermano residente en Ecuador y de una institución bancaria de esa nación. Ambos documentos se legalizaron en el Ministerio del Exterior del país sudamericano. Su amigo, Rojas Reyes, declaró, además, ante el instructor penal del caso, Capitán Daniel Martínez.

 

“Ellos investigaron el modo de vida y comportamiento en el barrio de Arnaldo, y comprobaron que vivía modestamente”, afirma Ricardo, refiriéndose a las autoridades policiales. Y añade: “Entonces dijeron que mentíamos porque nadie puede entrar a Cuba con esa suma de dinero, sin declararla antes. Pero hay una resolución del Banco Central que permite la entrada al país de moneda libremente convertible, sin límite alguno”.

 

Los intentos de procesarlos por enriquecimiento ilícito fueron infructuosos. Los acusaron de un delito de tráfico internacional de drogas. De acuerdo con la versión policial, los acusados forman parte de una red de narcotráfico entre Cuba y Jamaica. Y su misión era recaudar las ganancias del lucrativo negocio.

 

“La policía dice que Arnaldo y Orlando estaban en Santiago para entregar los 31 mil dólares a un jamaicano arrendado en una casa particular”, comenta Ricardo. Las pruebas en contra de ambos, están basadas en la mensajería del teléfono celular, que portaba al momento de la detención Orlando Torres Cardero, amigo de los Peña Calzada.

 

Cubacel, en Santiago de Cuba, certificó en dos ocasiones que los teléfonos móviles ocupados no presentaban datos de interés para la investigación. No conforme con los resultados, Mayra Arevich, Presidenta de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. S.A. (ETECSA), a solicitud del Vice Fiscal de la República, certificó la existencia de mensajería desde Jamaica, en el teléfono de Orlando.

 

“El jamaicano al que supuestamente debían entregarle el dinero, salió del país sin problemas, días después de la detención de ambos, y en los SMS no se mencionan las palabras droga o dinero”, comentó Ricardo. En su opinión, les están fabricando un delito para condenarlos injustamente.

 

Peña Calzada rebate la hipótesis policial: “Supongamos que le entregarían el dinero a ese turista, cómo lo iba a sacar del país, si la Aduana solo permite sacar hasta 5 mil dólares, siempre y cuando, al momento de entrar, se haya declarado una cifra mayor”, explicó.

 

“Detrás de esto hay más -comenta Ricardo-: Orlando nació en Las Coloradas, Niquero, un municipio costero de la oriental provincia Granma, por donde más recala la droga en Cuba. Creció junto a Juan Labrada, un cubano residente en Jamaica, que se dedica al tráfico de drogas y personas, desde hace aproximadamente 6 años”.

 

Según Peña Calzada, el traficante conoce la zona como la palma de su mano. Entra y sale de Cuba sin ser detectado por los oficiales del Departamento Nacional Antidrogas (DNA): “Los que viven en Belic, Palma la Cruz, Las Coloradas, Cabo Cruz (poblados de Niquero), y en algún momento de su vida conocieron o tuvieron vínculos con Labrada, son acosados. Incluso, a algunos les han prohibido acercarse al mar”.

 

“Antes de esta detención, Orlando estuvo 6 meses en prisión, acusado de salir y entrar al país, desde Jamaica. Luego, fue liberado sin explicación alguna”, explicó Peña Calzada. Orlando se vio obligado a abandonar su barrio natal, por el acoso de las autoridades. Actualmente reside en las Tunas, también en el oriente del país.

 

Ricardo no tiene dudas de que su hermano está en prisión por la persecución policial sobre su amigo Orlando. Está seguro que desde el principio, las investigaciones giraban en torno al comercio de narcóticos. Sin embargo, no entiende por qué los acusaron primero de enriquecimiento ilícito. “¿Qué hubiese pasado con el tráfico de drogas, si no hubiésemos podido probar la licitud de los 31 mil dólares?”, pregunta.

 

El caso de Arnaldo Peña Calzada y su amigo Orlando Torres Cardero, es un ejemplo de que en la Isla no existen garantías para el debido proceso y la presunción de inocencia. Un elemento que no tuvo en cuenta Elías Carranza, director de ILANUD, cuando afirmó que Cuba es el país más seguro de la región.

 

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Cuba y su “paradigmático” sistema jurídico

Miguel Arencibia Daupés

 

Ninguna dictadura, aunque se reclame de “dictablanda” y autojustifique en rol de representación histórica, puede tener como ámbito de existencia institucional lo que la mayoría de las corrientes politológicas actuales conceptúan como Estado de Derecho.

 

Y esto es porque su tendencia natural será contravenir principios jurídicos universalmente reconocidos e incluso a interpretar y aplicar las normas nacionales, no dentro del más recto sentido en que las aprobara conscientemente la ciudadanía ni con la objetividad adecuada a cada momento, sino mera y burdamente como lo necesite el núcleo hegemónico para mantenerse empotrado y aumentar su poder.

 

Pese a golpes de pecho y rasgados de vestiduras, así ha acaecido con el neoestalinismo cubano en estos 53 años de un proceso que casi desde los inicios dejó de ser revolución para involucionar, simulándose la suplantación con imágenes ficticias, vendidas interna y externamente (y cada día menos compradas en sendos ámbitos).

 

Por ello es lamentablemente risible e irónico que, según el diario Juventud Rebelde (24.05.12), “prestigiosos investigadores internacionales calificaron a nuestro sistema jurídico como paradigma para Latinoamérica y el Caribe”, durante el VI Encuentro Internacional Justicia y Derecho, desarrollado en Cuba hace algunos días.

 

Desconfío del grado de conocimiento real que el oficialismo les haya permitido obtener. De seguro, los cancerberos en función ensalzaron algunas cuestiones positivas y obviaron incontables pésimas realidades. Olvidándose, por ejemplo, de  mencionar que lo mismo un ex Fiscal General de la República que otros muchos especialistas han reconocido públicamente y desde hace tiempo lo necesario de reformar el sistema penal cubano, por solo mencionar aquí una parte del “paradigmático” sistema jurídico.

 

Sin profundizar en los primeros años del proceso en que se sustituyó la Constitución de 1940 por un invento de tránsito constitucional, alargado por 17 años como igual fueran pospuestas las elecciones  a todos los niveles, hay que señalar que los derechos ciudadanos de la constitución de 1976 han sido en la práctica mediatizados unos y olímpicamente anulados otros. Precisamente a través de las normativas que debieron implementarlos correctamente.

 

Derechos ciudadanos

 

En Cuba, la mayoría de los derechos ciudadanos están recogidos dentro de la  Constitución que aprobó el pueblo, pero únicamente como convidados de piedra. Repasemos.

 

En lo atinente al derecho de asociación, es necesario decir que las  fundamentales organizaciones no gubernamentales (ONGs) son paradójicamente,  las creadas por el mismísimo gobierno/Estado-partido. En cada caso, única de su tipo: las denominadas demasas (CDR, FMC), estudiantiles (UPC, FEEM y FEU), profesionales (UNJC, ANEC, UPEC, UNEAC, ANAP, etc). Y  alguna que otras “escapadas”, como la ANIPLANT (sobre animales y plantas) y de amistad, basadas en la diversidad de origen multinacional del cubano y en el hermanamiento con ciudades foráneas, promovido estatalmente. Absolutamente todas “orientadas” permanentemente por los órganos políticos y de la Seguridad.

 

Estando prohibidas cualesquiera otras que dupliquen sus objetivos. Y sobre todo, las que no se alineen dentro del marco político/ideológico establecido unipartidistamente. O te integras a las realmente gubernamentales  o no lo puedes hacer en otras.

 

El derecho de reunión para los ciudadanos se materializa con las reuniones  de esas “ONGs”.

 

Igualmente sucede con el derecho de libre sindicalización. Al pie de la letra se sigue el axioma leninista de que en el “socialismo” los sindicatos deben únicamente servir para la educación de los trabajadores y como poleas de trasmisión de lo que imponga el Partido/Estado.  Por lo que, para la burocracia en el poder,  basta y sobra  con la Central de Trabajadores de Cuba.  En tanto la clase trabajadora la ve como otro órgano estatal más que, del sudor proletario, cobra y basta.

 

De libertad de manifestación, nada. Las manifestaciones se promueven centralmente, de lo contrario, con celeridad, la policía política y/o las fuerzas de respuesta rápida del Partido y sus ONGs, te apalean y arrastran. Y terminas, como mínimo, con una imputación penal de alteración del orden público que te hace merecedor de un tiempo fuera de circulación.

 

Todo lo discurseado sobre la libertad de prensa al inicio del proceso se fue por las cloacas. Salvo una minúscula luz en los últimos dos años, toda ella ha sido oscuridad. La censura de prensa en Cuba es antológica. Los medios han sido creados y/o mantenido bajo captura del Partido/Estado y de sus ONGs. Habiéndose penalizado fuertemente hasta con 30 años de prisión los intentos periodísticos de la oposición  a través de medios alternativos, acusados de “mercenarismo”.

 

Acerca de la libertad de expresión, millones de cubanos se preguntan qué es. Claro que su ignorancia se compensa con la de aquellos que des-mandan y no conocen lo que es la sociedad civil.

 

Existe el derecho a la Educación pero no se deja a los ciudadanos (padres y alumnos) escogerla. Y la denominada pública (y atea), que es única, adolece de una enorme imposición (trabajo político- ideológico) sobre nuestra infancia y adolescencia… Y juventud,  ya que la autonomía universitaria solo se ve como páginas históricas  de los tiempos del insigne Julio Antonio Mella.

 

Sobre migración qué esperar si, en una reciente entrevista periodística en el exterior, el Presidente de la Asamblea Nacional contestó que la nueva legislación se había demorado porque regulará situaciones muy complejas, ya que muchos cubanos “idos” ahora quieren regresar. Tal disparate se asemeja a la respuesta  que dio en la UCI acerca de que no todo el mundo puede volar,  porque se formaría un tranque en el cielo que no lo arreglaría ni Dios.

 

 Así que a la sinarquía no le han escocido demasiado las críticas al concepto ilegal e inmoral de “abandono definitivo”, a la denominada carta blanca, el increíble lucro dimanante de la actividad migratoria, las forzosas cartas de invitación. Ni al inconstitucional Decreto 217 del Consejo de Ministros acerca de la migración interna. No le quita el sueño que se diga que Cuba es una cárcel para residenciarse o viajar dentro y fuera de ella.

 

Del derecho ciudadano a elegir y ser elegido, más vale ni hablar.

 

Para cerrar aquí el capítulo de estos derechos, es de precisar que nuestra politología “revolucionaria” marca como cuasi subversiva la Carta de los Derechos Humanos de la ONU y altamente molesto todo lo que se le relacione.

 

Por ello sus reglamentos, suscritos a fines del 2007, aún no han sido ratificados; evitándose así tener que acoger los preceptos que no podrían obviarse dentro de la legislación nacional. Es más,  este es un asunto impublicable por los medios  de prensa cubanos. Fueron suscritos a fin de que el mundo lo sepa y se nos abra, sobre todo con esos capitales que desaforadamente estamos buscando y no llegan.

 

Los deberes ciudadanos sí se mantienen muy estructurados. Casi militarmente, para que los cumplan todos los de abajo y la mayoría de los del medio.

 

En la cosa Penal

 

Sentado tenemos que nadie puede ser sancionado si no es por cometer un delito de los establecidos previamente al acto perseguible en el Código. Sin embargo,  en éste se incluyó el “índice de peligrosidad”, por el que, sin cometer delito, puede cualquiera  ser privado de libertad por años.

 

También, como en cuanto al Enriquecimiento Ilícito, se ha hecho omisión de los principiosde Derecho de que la inocencia se presupone, mientras no se pruebe lo contrario  y  de que quien acusa corre con la carga de las pruebas. “Revolucionariamente”,  se presupone la culpabilidad y el que posee tiene que probar que ha obtenido legalmente. En Cuba no puede silenciarse intimidades personales o familiares para tales cuestiones y, para secretos, solo aquellos que se determine desde lo más alto.

 

Asimismo parece no importar que la casi unanimidad de los juristas del patio repruebe todos esos “paradigmáticos” ejemplos, tenidos por la casta directriz como críticas puramente leguleyistas. Mientras,  la oficialista Unión de Juristas de Cuba no se ha pronunciado al respecto, al menos públicamente.

 

En cuanto a los tribunales, cabe señalar que inexpertos jóvenes recién graduados de Derecho se han visto obligados a ser jueces profesionales durante su servicio social so pena de inhabilitar sus títulos en caso contrario.

 

Supuestamente, los jueces solo deben obediencia a la Ley. Pero no es excepcional que sean cuestionados y “orientados” en determinados casos de algún “especial interés o razón de Estado”.

 

En lugar de un siempre perfectible sistema de jurados sin mecanismos de comprometimiento que puedan obstruir la mayor imparcialidad, a la burocracia convino y estableció la soviética cooptación de los jueces legos, con períodos de larga duración y prorroga, permanentemente alineados al  Estado-Partido. Por supuesto, designados  a propuesta de sus enunciadas “ONGs”.

 

Los abogados de cualquier materia pertenecen obligadamente a consultorías y bufetes, disfrazados pero realmente estatales.

 

Los defensores están impedidos de aparecerse o de acceder a las investigaciones hasta que no se imponga al acusado (y detenido) una medida cautelar dentro de los siete días (y, eventualmente…). Se creería que para los mandantes esto no tiene trascendencia aunque haya un  amplio consenso nacional en contra de ello según el mencionado ex Fiscal General de la República.

 

Para los cubanos son cosas de filmes extranjeros que el detenido tenga el derecho a su inmediata llamada telefónica o a no  contestar los  interrogatorios policiales si no está  su abogado; o que, en ellos, los menores de edad siempre tengan que estar acompañados por uno de sus padres  u otro adulto cercano que los represente. Incluso que exista un órgano de defensa público.

 

¡Qué improcedencia que las medidas cautelares de prisión preventiva sean dispuestas por las Fiscalías protagonistas en las mismas investigaciones y no por un Juez o Tribunal de Garantía, y que sean impuestas como regla general y  extendidas por meses y meses!

 

Además, después de una preventiva de ese tipo, con cierta extensión, es casi imposible ser absuelto. Los tribunales “saben” que deben imponer siquiera una multica porque… ¨¿¡qué no diría el preso, sus familiares y el público en general !?

 

Contrario a lo que debe ser, los instructores pertenecen a la policía y no a la Fiscalía General, y las prisiones para civiles son dirigidas y custodiadas por agentes militares del mismo organismo de los captores/investigadores y no por funcionarios de Justicia como en la inmensa mayoría de los demás países. Se dice popularmente que en nuestro verde caimán todo tiene que entrar (y salir) por el aro del MININT.

 

Por supuesto, muchas veces se rebosan los centros penitenciarios cubanos (14 antes de de 1959, ahora más de cuatrocientos), entonces, se les “sugiere” a los tribunales que apliquen otras medidas no privativas de libertad. Y los motines en las prisiones jamás son publicitables.

 

En tanto en Cuba no se ha actualizado el Código Penal para acoger tipologías de los tiempos cambiantes en lo que a ciencia y tecnología respecta, como en la rama de la Informática, y se dan cotidianas aplicaciones arbitrarias por distintas autoridades.

 

Por lo mismo, nuestro país sigue siendo  de los pocos en el mundo en que está vigente la sanción de pena de muerte. En lo cual solo se tiene una frágil moratoria y porque otra cosa no resultaba conveniente a nuestra imagen en el exterior.

 

Delitos políticos.

 

Es sermón cotidiano lo de que “en este país no hay presos de conciencia o políticos”, ya que todos esos miles de procesados y sancionados han sido y son contrarrevolucionarios mercenarios; contando siempre con antecedentes de delitos comunes o, por lo menos, es lo que se informa. Sobre todo cuando fallecen por huelga de hambre.

 

Por eso debe ser que lo mismo se les aplica hasta 30 años de cárcel que -en una semana, sumarísimamente- se enjuicia y fusila, para ejemplarizar, a los tres que solo crearon peligro (y no daños) en el secuestro de la lanchita de Regla. O se  obvia enjuiciar a los que hundieron el remolcador 13 de Marzo, con más de cuarenta personas ahogadas, en su mayoría mujeres y niños, que únicamente pretendían abandonar el territorio nacional.

 

Una pregunta para concluir

 

Después de la rápida e incompleta panorámica efectuada en este trabajo, ¿ustedes creen que “prestigiosos juristas”, en sus sanos y conscientes juicios, puedan calificar nuestro sistema jurídico de “paradigmático” para región alguna del mundo?

 

La Habana, 20 de julio de 2012